Numerosas son las notas, entrevistas y discusiones en torno a la vuelta a clases, ¿Las voces de las/os niñas/os son tenidas en cuenta para abordar la cuestión? Cómo pensar herramientas que aportan a la discusión desde una perspectiva de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Viernes 19 de febrero de 2021 19:52
Si bien cotidianamente la función de las instituciones escolares redunda en los aspectos formales y de aprendizaje, en la mayoría de los casos cumple funciones que buscan suplir fallas y son consecuencia de los agujeros del estado. Como el acceso a la alimentación, detección de indicadores o situaciones de vulneración de derechos, espacios de contención, etc. ¿La educación a distancia puede garantizar estos aspectos? Es claro que no, y que la vuelta a la presencialidad es vital para garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, el cómo es el eje de la discusión a dar.
Siendo que luego de un año de pandemia no se planificaron programas que contemplen dispositivos tecnológicos para acceder a la educación a la distancia, redes de internet con acceso libre para toda las familias entendiendo que debería ser un servicio básico en este contexto, transportes específicos para las/os niñas/os al momento de ir a las escuelas, revisión de infraestructura que permita que dicho regreso sea seguro, mesas de trabajo con docentes para generar proyectos y acuerdos para el ciclo lectivo 2021, revisión de salarios para las/os docentes, mesas de trabajo con alumnas/os de CABA, de forma tal que la vuelta a la escuela sea realmente una garantía de derechos para las niñas, niños y adolescentes, y no una puesta en riesgo de ellas/os y de sus familias.
Recordemos que desde el año 1989 varias naciones firman el acuerdo con la Convención de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Argentina deroga su vieja ley de Patronato en el año 2005, para dar lugar a la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Ley 114, pionera en materia de derechos de niñas niños y adolescentes dentro del país, cobra vigencia a partir de 1998.
Allí se postula que la familia, la sociedad y el Gobierno de la Ciudad, actualmente cuyo jefe es Horacio Rodríguez Larreta, deben asegurar a los niños, niñas y adolescentes “con absoluta prioridad” la efectivización de varios de sus derechos, entre ellos a la educación. Esto se lleva adelante con presupuestos escasos, vacantes limitadas, docentes con salarios por debajo de la línea de pobreza, escuelas con infraestructuras deficitarias. A esto se le suma la crisis sanitaria que implica la pandemia, contexto en el cual se pretende volver a las clases sin respuestas a problemáticas estructurales de larga data, ahora agudizadas, sin diálogo, sin consenso.
¿Para qué sector de la Ciudad es que Horacio Rodríguez Larreta gobierna?
La ley menciona que se deben tomar medidas que garanticen la igualdad “real” de oportunidades y de trato, como así también el pleno ejercicio de los derechos humanos. Pero la vuelta a clases ¿Será en las mismas condiciones para todas y todos?
A la falta de protocolos sanitarios discutidos con la comunidad educativa se suman problemas más profundos. Salarios bajos, que requieren a las y los docentes tener hasta cuatro turnos de trabajo. Falta de vacantes escolares, dificultades con inscripciones. Por otro lado, la jornada escolar por ahora se piensa en días rotativos de las semanas, ¿Que implicará esto para las familias trabajadoras que deban garantizar la presencialidad en sus puestos de trabajo y a su vez asumir los cuidados que un niña/o requiere en el hogar? ¿Por qué todo esto no fue discutido con la comunidad educativa que son quienes en última instancia garantizan ese acceso a la educación?
Las/os niñas/os y adolescentes “para la ley” tienen garantía de prioridad, ya sea en atención en los servicios públicos, asignación de recursos públicos en la formación y ejecución de políticas en la efectivización y protección de derechos de la niñez, como así también la consideración de las necesidades y problemáticas de la comunidad local a la que pertenecen. Los presupuestos son una decisión política que históricamente redunda en el vaciamiento de este sector, como también el de salud, aspecto que quedó visibilizado a lo largo de la pandemia. En los presupuestos se expresa que dicha “garantía de prioridad” es meramente un apartado en leyes, y no una realidad que se implementa concretamente.
¿Cuál será el contenido y la metodología en el retorno a las aulas?
En dicha ley también se estipula que se deben implementar investigaciones, experiencias y nuevas propuestas relativas a los diseños curriculares y su didáctica, a los fines de dar respuesta a las necesidades de integración de la diversidad de la población infantil y adolescente. ¿Hubo alguna investigación o propuesta para re pensar los diseños curriculares y su didáctica contemplando que la educación se vio e iba a ver afectada por la pandemia mundial durante los próximos años? ¿Qué proyectos, programas, campañas o políticas se diseñaron e implementaron?
Según datos publicados por el Consejo de Políticas Sociales en octubre de 2020 en Argentina existen más de 110.000 niñas y niños que padecen desnutrición infantil, hay 260.700 que tienen sobrepeso y 170.000 con problemas de obesidad. Todas estas condiciones implican un riesgo mayor que podría generar complicaciones en caso de contraer el virus de COVID 19. Ninguna de estas situaciones se ha contemplado a la hora de discutir las condiciones de regreso a clases. Es así que el retorno a clases en este contexto implica vulnerar derechos de niñas, niños y adolescentes que quedarán expuestos/as a condiciones críticas lo que implica un riesgo para su salud y la de sus familias.
Quizás por falta de presupuesto en el área de educación no se pudieron financiar, quizás sea que en la Ciudad de Buenos Aires, la más rica de todo el país, los fondos sean re dirigidos a otros sectores.
¿Con la ley alcanza?
La ley pionera del país en cuanto a derechos de las infancias se jacta de hablar de las/os niñas/os como sujetos de derechos, donde su interés superior es prioritario, y sus voces deben ser oídas. Es claro que el intento del Gobierno de la Ciudad del inicio de clases planteado de forma unilateral, sin consenso, pluralidad de voces e intercambio con la comunidad estudiantil no aboga al espíritu de dicha ley.
A su vez las leyes que se traducen en políticas públicas para ser llevadas a cabo, requieren presupuestos, diseños e implementaciones que puedan dar respuestas certeras. Del presupuesto hemos mencionado que es mínimo, como así también la situación de las infancias donde el 50% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Ante esto sabemos que las políticas públicas por más progresistas que sean, y propaguen discursos de promoción y protección de derechos para las infancias, no pueden realmente saldar aspectos estructurales que atraviesa gran parte de la población.
La igualdad de oportunidades o de posición que promueven discursivamente ciertas políticas públicas desarrollistas no logran modificar, restituir ni restaurar las desigualdades estructurales que un sistema capitalista reproduce constantemente. Por esto es fundamental impulsar la organización de toda la comunidad educativa, donde niñas, niños y adolescentes sean escuchados y consultados, sean protagonistas, junto a las familias trabajadoras, donde se logren discutir las condiciones del regreso a las aulas en un contexto seguro y cuidado que garantice la igualdad de acceso para todas y todos las/os niñas, niños y adolescentes
