En las últimas semanas este medio se hizo eco de las denuncias de precariedad laboral de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, quienes además de dar cuenta de sus condiciones de trabajo, visibilizan la precarización en los programas de atención del Estado a la población.
Sábado 4 de abril de 2020 19:28
El “plan estratégico 2020”, que define las líneas de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, incluye un discurso que pone como objetivos “reconstituir el tejido social”, “cuidar en primer lugar a los sectores sociales con menores oportunidades”, “garantizar derechos”, y hace una definición intentando volver a una vieja dicotomía: “corregir las desigualdades del mercado mediante acciones redistributivas”.
¿Pero qué pasa cuando es el mismo Estado el que vulnera tus derechos? Les trabajadores de Desarrollo Social denuncian algo que parece muy básico a esta altura del partido: gozar de los mismos derechos de sus compañeros de planta permanente, “a igual trabajo, igual salario” reivindicaba el movimiento de mujeres a principios del S. XIX.
Fraude Laboral
Lo que sucede es que hay un sector importante de trabajadores de este ministerio que padecen la precarización laboral y engloba a los trabajadores de planta transitoria, que tienen contrato con el ministerio renovado cada seis o doce meses, y en varios escalones más abajo, los trabajadores con contratos terciarizados.
En esta operación el Estado les exige a los trabajadores que se inscriban como monotributistas en AFIP, y luego a través de un tercero, como Asociaciones Civiles, ONG´s o fundaciones. Se les elabora un contrato “de obra” o “de locación”, por seis meses en su mayoría de las veces, para que “brinden sus servicios profesionales”, o sea para que realicen tareas correspondientes al Estado en distintas dependencias o dispositivos de manera sistemática durante años. Algunos denuncian estar desde tres a diez años en esta situación.
Esto genera que sus salarios no se liquiden como los del resto de los trabajadores estatales, sino que son demorados en expedientes que se apilan durante meses, ante la indiferencia de los funcionarios.
Los trabajadores de la Dirección de Políticas Alimentarias denuncian que les deben la mitad del sueldo de enero (la mitad la pagaron la semana pasada), el sueldo completo de febrero y para rematar, tienen una interrupción de su contrato en marzo, mes por el que no percibirán honorarios.
En cuanto a la renovación de su contrato les informaron que debido a la situación de la pandemia “está todo parado”. Más de 120 trabajadores y sus familias no solo no perciben sus ingresos sino que ven amenazada su continuidad laboral.
De igual manera los trabajadores de la Dinayf, los Ceplas, y el Observatorio de la Mujer denuncian demora de meses en su pago, contratos vencidos y falta de respuestas. Desde este medio nos preguntamos si el ministro de la provincia Gabriel Yedlin, o el de Nación, Daniel Arroyo, podrían vivir tres meses sin cobrar su sueldo.
Demagogia política
Mientras los trabajadores sufren las consecuencias económicas y humanas de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, los empresarios se dedican a ver cómo aumentar sus ganancias, remarcando precios de los alimentos, pidiendo subsidios, suspendiendo y despidiendo.
El gobierno anuncio la semana pasada un decreto que prohíbe por 60 días los despidos “sin causa justa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”; ésta medida se convierte en demagogia pura mientras el Estado continúe debiendo pagos y sosteniendo esta alarmante situación de precariedad, una medida mínima para que los trabajadores no paguen los costos de esta crisis seria que todo el personal contratado pase a planta permanente.
Desarrollo social, un área donde hay que invertir las prioridades
Además de denunciar sus condiciones de contratación, los trabajadores deslizan en sus comunicados denuncias sobre la falta de presupuesto en los programas que se desempeñan.
Los trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia manifestaron “la falta enorme de recursos tanto humanos como materiales ”; recordemos que son ellos quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes que han visto vulnerados sus derechos más fundamentales. O las trabajadoras del Observatorio de la Mujer y las distintas dependencias que asisten a mujeres en situación de violencia, como la línea 144 que se encuentra colapsada de denuncias y limitada en el acompañamiento de las victimas ya que la provincia no destina fondos a refugios para mujeres que sufren violencia.
También los comedores escolares y comunitarios se están viendo desbordados en esta situación de pandemia, muchos han cerrado mostrando una realidad alarmante: gran cantidad de las cocineras que le ponen el cuerpo a la alimentación de niños y jóvenes de su barrio lo hacen de manera voluntaria, el Estado quiere tapar con un discurso de “solidaridad y fortalecimiento de lazos comunitarios” que en pleno S. XXI hay gente que trabaja solo por comida.
El Estado no te cuida, te precariza!
Estos días tuvimos que ver por televisión imágenes muy dolorosas: cuadras y cuadras de jubilados haciendo horas de fila para cobrar sus haberes. En este caso se vio como ni a los bancos que ganan millones, ni al Estado, les importan la vida y la salud de los sectores más vulnerables. Estado y mercado unidos haciendo padecer a los abuelos.
Los trabajadores de estas áreas sociales, que con muy pocos recursos intentan hacerle frente a las enormes desigualdades de este sistema capitalista, son en este momento de pandemia y crisis social un sector fundamental para organizar campañas sanitarias junto con CAPS y Hospitales para frenar el avance del coronavirus y el dengue.
Son ellos quienes conocen en profundidad la situación de hacinamiento en la que viven las familias de los barrios más castigados y las necesidades alimentarias de la población, ellos saben y denuncian que $25 no puede ser el presupuesto per cápita de los dispositivos alimentarios.
Es necesario organizar esta fuerza junto a los trabajadores de la educación, la salud y los trabajadores de las industrias esenciales, de la industria alimentaria, los ingenios que producen alcohol y que podría estar al servicio de las necesidades populares.
Por eso desde este medio creemos que no alcanza con pedirles a los empresarios que “ganen un poco menos” como dice Alberto Fernández: hay que aplicar impuestos a las grandes fortunas. Si se aplicara un impuesto mínimo del 3% a las grades fortunas (más de 1000 millones de pesos), como el que proponemos desde el PTS en el Frente de Izquierda, se podría otorgar por dos meses un ingreso de emergencia de 30 mil pesos para todos los trabajadores desocupados, autónomos e informales. Además es imperioso dejar de pagar deuda externa y aumentar los presupuestos en salud, educación y desarrollo social.
También es necesario unificar el sistema de salud público y privado, incluyendo los laboratorios, y reorientar la producción industrial como la automotriz a la fabricación de respiradores o la textil para la fabricación de barbijos y demás elementos de bioseguridad para trabajadores de salud. Ante una crisis que amenaza con la vida de miles, las ganancias de los capitalistas no pueden estar primero.
