En el quinto aniversario de la histórica movilización y pesar de las restricciones municipales en el marco de la cuarentena, familiares de víctimas de femicidios y activistas de diversas organizaciones sociales y políticas salieron a la calle a hacer escuchar su voz.
Miércoles 3 de junio de 2020 21:11
Desde las 14hs, familiares de víctimas de femicidios, encabezados por los padres de Lucía Pérez, se concentraron frente a Tribunales para expresar su repudio al nefasto rol de la justicia local, que a fines del año pasado absolvió a los dos acusados por el crimen de su hija.
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Luego de esta concentración y de dirigir unas palabras a quienes acompañaban la actividad, marcharon hasta el Monumento a San Martin, donde confluyeron con una convocatoria callejera de diversas organizaciones feministas y de la izquierda.
Libertad Martinez, de la agrupación Pan y Rosas, destacó que “En los casi 80 días que lleva la cuarentena, muchísimas mujeres se ven obligadas a convivir con situaciones de violencia cada vez más graves. Las llamadas al 144 crecieron un 40% y se registra casi un femicidio por día. La situación es insostenible, y sin embargo en todo este tiempo no se han implementado medidas paliativas básicas para enfrentarla, como la habilitación de nuevos refugios.”
Además, recordó que “las mujeres están en la primera línea contra la pandemia y sus consecuencias sanitarias y sociales, y sectores esenciales como la salud y la alimentación son garantizados por trabajadoras y trabajadores precaries, con pocos recursos y sin los equipos de protección necesarios.” Mientras tanto, explicó, “todos los días cientos de personas, muchas de ellas mujeres, pierden sus trabajos o son supendidas y les recortan el sueldo. Pero el IFE sólo aporta unos míseros diez mil pesos por familia, que no alcanzan para nada, y ni siquiera se lo asignaron a todas las que lo solicitaron.”
En un documento consensuado entre las distintas organizaciones participantes, las referentes locales del movimiento de mujeres concluyeron que “la imagen de los barrios populares sin servicios básicos garantizados, cercados como si fueran cárceles, mientras el gobierno garantiza subsidios millonarios a las grandes empresas, son dos caras de la misma moneda. Habla de las prioridades de quienes insisten en pagar la deuda externa ilegal en vez de destinar presupuesto a un Plan de Emergencia en Violencia de Género, o se alían con las iglesias reaccionarias para decir que el derecho al aborto ‘no es urgente’. Por eso exigimos la aprobación inmediata de un impuesto a las grandes fortunas que garantice presupuesto contra la violencia de género y un salario de cuarentena de $30.000 para todes les trabajadores despedides o informales”.