Hacia el próximo 8 de marzo. ¿Por qué el Estado es responsable?

Mientras la provincia de Córdoba se mantiene en vilo por la búsqueda de Ivana Módica, desaparecida hace 8 días, contamos el segundo femicidio en menos de 48 horas. El miércoles, cuando corrían los preparativos para la movilización que exigía Justicia por Úrsula Bahillo, Cecilia Basaldúa y todas las víctimas, trascendía que el cuerpo de Emilse Stefanía Gajes, después de múltiples denuncias contra su pareja, apareció sin vida cerca de un hospital de la ciudad.

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Gabriela Verónica Lencina, de 43 años, murió el 3 de enero a causa de las quemaduras provocadas por su esposo, Cristian Sebastián Videla, frente a la hija de cuatro años de ambos. Ivana Soledad Juárez, de 32 años, fue asesinada a puñaladas el 15 de enero. Hay un hombre detenido pero la causa no está caratulada como femicidio. Nilda Peano, de 57 años, murió el 20 de enero tras ser golpeada por su esposo, Luis Aguirre, quien luego se suicidó, en Villa Dolores. Melisa Moyano, de 40 años, fue asesinada por su ex pareja. Era 31 de enero y esto ocurría en Jesús María. Se había separado pocos días antes de Luis Pérez, de 54 años. Liliana Stefanatto (54) fue asesinada a golpes. Otra vez, en el interior provincial, Villa María, una ex pareja, (Ignacio Aldeco), fue detenido e imputado por el homicidio agravado por el vínculo. Sólo contamos las mujeres asesinadasen Córdoba.

Podríamos nombrar también a Mirna Palma de Formosa, Marina Patagua de Jujuy y la lista seguiría hasta completar los 50 casos de las mujeres asesinadas en el país sólo en 2021.

Pero agota el recurso de enumerar. Agota tener que rastrear sus historias, conocer quiénes eran, qué hacían, sólo para decir que están muertas. Agota que a cada paso aparezca la violencia que el propio estado ejerce cuando desoye a las mujeres y disidencias que quedan a la espera de una asistencia que no llegará.

Las cifras muestran que la "estadística" es el nombre que le ponemos a esa realidad asqueante de que casi el 90% de los femicidios fueron cometidos por parejas o ex-parejas. En los últimos días, con lo que dejó al descubierto el asesinato de Úrsula, la desaparición de Ivana y la muerte de Beatriz, 1 de cada 5 de esos asesinatos de mujeres fue cometido por miembros de las fuerzas de seguridad.

Ninguna fuerza represiva queda afuera: la maldita bonaerense (Úrsula), la federal (Miriam), las policías provinciales. Hace apenas 60 días, en diciembre de 2020, el cabo primero de la Policía de Córdoba Jorge Ariel Vázquez remataba de 4 balazos en el pecho a Carla Anabella Oviedo (30) después de desfigurarla a golpes y antes de suicidarse. Dos mellizos y una nena quedaban huérfanos. Por eso decimos que el estado es responsable.

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¿Reforma judicial feminista?

La Justicia siempre actúa cuando cada caso se convierte en una investigación por homicidio. "Llega" cuando las mujeres ya no son más que un despojo o una ausencia. "Llega" después de decenas de denuncias, de restricciones violadas, desoyendo a las mujeres, compañeras trans, travestis cada vez que señalan que la violencia femicida las rodea.

Y cuando jueces, fiscales, ayudantes de fiscales, actúan así; cuando las mujeres, presas del miedo, las amenazas, los ataques vuelven a verse cara a cara con sus victimarios después de haber denunciado, la Justicia todavía se atreve a excusarse e inculparlas porque "la víctima estaba conviviendo con el agresor". Como si este no fuese el "círculo de la violencia" del que hablan sus manuales de "capacitación": vaya novedad y profecía autocumplida.

Eso ocurre cuando la Justicia y hasta la policía como su auxiliar, actúan por omisión. Porque la Justicia y la fuerzas policiales también encubren, también protegen a los femicidas de entre sus filas, a los abusadores y pedófilos, a los miembros de esa casta que participan y actúan en las redes de trata como lo demuestra el caso de Nora , Úrsula, o tantos otros.

Por eso afirmamos que el estado es responsable. No hay "reforma feminista" que desmantele ese entramado de complicidad que se asienta sobre nuestras vidas precarias por tanto ninguneo de quienes gestionan el estado capitalista.

Cuando la explicación es autoinculpación

En numerosas entrevistas, se ha escuchado a la Ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, decir que es un problema estructural, profundo, mundial. Esta mañana afirmaba en el programa radial "Ruleta Rusa": "suponer que por la creación y la inversión de recursos, muchísimos que pone un gobierno en un año, va a bajar la tasa de femicidio, es subestimar de lo que estamos hablando." Declaraciones que reconocen el fracaso, porque no está ahí para decirnos obviedades. Ella está ahí para ver, entre otras cosas, de qué manera el Estado hace algo para evitar que esa violencia estructural termine en otro cadáver.

Somos nosotras quienes denunciamos desde hace años que la violencia patriarcal es milenaria y sólo podremos empezar a desmantelarla cuando tiremos abajo un régimen social que se asienta sobre la explotación y opresión de millones de seres humanos. Pero los femicidios sí pueden frenarse.

Los gobiernos también son reponsables

Pueden frenarse si las mujeres y disidencias cuentan con refugios para salir urgente de los hogares donde son agredidas, si hay personal que atienda sus denuncias, no sólo legalmente sino con acompañamiento profesional acorde de trabajadoras bien pagas. Pueden frenarse si las propias mujeres tienen capacidad económica para sostenerse a sí mismas y a sus hijos e hijas, y dejan de engrosar las filas de pobres en el país. Pueden frenarse si esas mujeres tienen acceso a la vivienda y no son la gran mayoría de las desalojadas por “ministros Berni” como se vio en Guernica.

Pero no se frenarán si los gobiernos, como vemos que ocurre desde hace años, desde el primer Ni Una Menos, sean radicales, de Cambiemos, peronistas o kirchneristas, privilegian otorgarle los recursos del país al FMI, los buitres, los bancos, las multinacionales extractivistas, los especuladores inmobiliarios mientras reivindican, como lo hace Gómez Alcorta, que el estado ayude "por seis meses con un salario Mínimo Vital y Móvil" que está por debajo de la línea de indigencia.

No se frenarán mientras empoderen, como hace Kicillof, Suárez, Morales o Schiaretti, a las fuerzas represivas, que nos matan o reprimen, cuando salimos a denunciar como ocurrió en Mendoza , en Jujuy o en Rojas- Buenos Aires.

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No se frenarán si la Justicia se mantiene con todos sus privilegios de casta, cubriéndose impunemente y participando del negocio de la trata y las redes de pedofilia, si siguen siendo parásitos vitalicios elegidos por nadie que chupan los recursos con sus sueldos abultados. Y aquí no hay "reforma feminista" que valga, sino trastocar de raíz ese sistema judicial, para que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular, revocables, con sueldos y jubilaciones como el de cualquier laburante medio.

Como no hay posible "reforma feminista" de un estado puesto en pie para sostener los privilegios de los sectores más ricos y acomodados de la sociedad, debemos confiar solo en nuestras propias fuerzas. La de la movilización de las pibas que nos permitió conquistar el derecho al aborto. La fuerza de la organización en cada lugar de trabajo y estudio como el de enfermeras y maestras, que se vuelve red de contención y desenmascara que lo que nos pasa nos es un problema personal sino social.

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La fuerza está en nosotras, organizadas y en las calles

Tenemos que prepararnos para dar una nueva muestra contundente de nuestras fuerzas, en todo el país, este próximo 8 de marzo. Para exigir la declaración de emergencia contra la violencia de género con los presupuestos acordes para refugios, plan de viviendas, personal capacitado y bien pago que pueda dar respuesta, ayuda real y efectiva.

Una movilización masiva este 8 de marzo, preparada desde los lugares de trabajo y estudio, organizada de manera independiente del estado y los gobiernos desde Comisiones de Mujeres donde podamos discutir todas nuestras demandas y que exijan paro a las centrales sindicales, para hacer temblar la tierra. Una movilización que prepare la perspectiva, como dijo Úrsula, de "romper todo" este sistema de opresión y explotación sostenido por un estado y sus instituciones al servicio del capital, que es responsable.