Organismos de derechos humanos rechazan la decisión del Gobierno de nombrar a Santiago Ulpiano Martínez, como fiscal federal de Bahía Blanca. Como juez subrogante obstaculizó el avance de causas contra el empresario acusado por crímenes de la dictadura.
Martes 3 de abril de 2018
Organismos de derechos humanos nacionales y de Bahía Blanca publicaron un comunicado donde le reclaman al Senado de la Nación que no apruebe la designación de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal en esa ciudad. Una de los motivos es que desde su juzgado se obstaculizó el avance de causas de lesa humanidad. Entre ellas la de Vicente Massot.
Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, fue acusado por la Unidad Fiscal como coautor del homicidio, cometido en 1976, de los obreros gráficos y sindicalistas de base Heinrich y Loyola tras un conflicto sindical registrado el año anterior en ese medio, principal diario de la localidad del sur bonaerense.
Fue el primer empresario de medios en la historia argentina en ser imputado por delitos durante la última dictadura. Fue llevado a juicio en 2015, aunque no recibió ninguna condena. En 2016 fue dictada la falta de mérito a la causa en su contra, la sentencia fue apelada ante la Corte Suprema.
El tío de Nicolás Massot (jefe de bancada del bloque del PRO en la Cámara de Diputados) desde 1972 contribuyó en la revista xenofóbica y antisemita Cabildo, siendo su secretario de redacción.
El comunicado de los organismos de derechos humanos indica que Martínez, como juez subrogante del Juzgado Federal N°1, “incurrió en graves irregularidades en relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad, intentando procurar la impunidad de sus responsables”.
Entre otras cosas en el comunicado se denuncia que Santiago Ulpiano Martínez, rechazó constantemente pedidos de indagatoria a genocidas en las causas en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Además denuncian que el juez violó la ley procesal.
Después de 42 años, los empresarios socios de las Fuerzas Armadas en el golpe, continúan impunes.
