Las patronales del transporte deben salarios de agosto y septiembre. Desde la Municipalidad amenazan con multas y denuncias a los trabajadores. La conducción de la UTA reclama por los subsidios. Es necesaria una salida de fondo a la crisis del transporte.
Miércoles 7 de octubre de 2020 11:02
Desde este martes a las 19 horas los choferes de la UTA volvieron al paro tras largas semanas de espera ante el incumplimiento por parte de las patronales del sector, que adeudan más del 60% del salario de agosto y los sueldos de septiembre.
La medida de fuerza fue acompañada por un bloqueo sobre las principales arterias de la capital, donde aproximadamente unos 100 micros se han estacionado desde este mismo martes. Los choferes pasaron la noche arriba de las unidades.
Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) aseguran estar en una situación económica crítica por la caída de la recaudación (del 70% al 90%) y el congelamiento de las tarifas y subsidios.
Sin embargo, la extorsión patronal viene de mucho antes que la pandemia. Con estos métodos el año pasado arrancaron un tarifazo del 93%, más que la inflación acumulada entre 2019 y 2020. Y este año, se coordinaron con las patronales de otras provincias, para suspender en forma simultánea los salarios en reclamo de mayores subsidios. De esta manera lograron que el Senado de la Nación aprobara el mes pasado un aumento extraordinario para las empresas del interior, de 10.500 millones de pesos hasta diciembre.
Desde la Aetat dicen estar a la espera del depósito de los subsidios que adeuda la provincia, por 82 millones de pesos, y de la Nación, por 153 millones, para pagar los salarios. No es más que una forma de extorsión sobre los trabajadores para apurar la acreditación de los fondos. La misma metodología que aplican desde hace años cada vez que quieren lograr tarifazos, aumentos de subsidios o la acreditación de los mismos.
Por la mañana, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Germán Ocaranza, aseguró que el intendente, Germán Alfaro, dio la orden de geolocalizar los colectivos para aplicar multas y hasta rescindir concesiones a las empresas. Una amenaza al aire que repiten desde hace años. Con todo el antecedente que arrastran los empresarios, hace tiempo podrían haber rescindido los contratos de las empresas de transporte urbano.
En realidad es una forma de condenar las acciones tomadas por los trabajadores en reclamo de sus salarios. Los empresarios "tendrán que denunciar a los obreros o al gremio, si es que ellos no están formando parte de esta protesta", sostuvo.
Desde el gobierno provincial se han limitado a asegurar que están haciendo las gestiones para acreditar los subsidios. Recordemos que el PJ provincial también ha elaborado un proyecto de ley para cambiar la matriz del negocio del transporte. Sin embargo hasta el momento, solo se limitan a abrir la billetera cada vez que los empresarios empujan a los trabajadores al paro.
Salida de fondo
La situación de los trabajadores es desesperante y sin embargo desde la UTA pone el foco de la responsabilidad sobre los "poderes concedentes", es decir, sobre el gobierno nacional y provincial. Al unísono con las patronales terminan condicionando el cobro de los salarios a las transferencias de recursos que reciben las empresas.
A tal punto que desde la conducción de la UTA ya han aceptado, en los hechos, que los salarios se pagan con un mes (o más) de demora. Cuando acreditaron la deuda de salarial de julio, ya tenían que pagar agosto.
Es por eso que el descontento ha llevado a sectores de trabajadores a cuestionar a la actual conducción, en manos de Cesar González, por su flexibilidad con los empresarios. Presionado por las bases desde la UTA ahora afirman que no van a levantar las medidas de fuerza hasta que las empresas cubran toda la deuda salarial.
La crisis del transporte público requiere medidas de fondo. Una salida independiente de las patronales y el gobierno. Empezando por exigir la apertura de los libros contables de las empresas para que expliquen a donde van a parar los millones de pesos que reciben desde hace años por subsidios y recaudación. Es necesario apuntar hacia una verdadera estatización del sistema de transporte, bajo control de trabajadores y usuarios, que garantice un servicio de calidad y en el que se respeten todos los derechos laborales.
