Este viernes 14 de febrero en los Tribunales Penales de Tucumán, se realizará una audiencia del juicio contra el abuelastro de Lucía. Un conjunto de organizaciones nucleadas en el espacio Ni Una Menos acompañarán a la niña y su familia, y buscarán visibilizar una serie de exigencias a los gobiernos.
Jueves 13 de febrero de 2020 22:22
Esta audiencia se da en el marco de la causa por abuso sexual agravado contra Lucía, la niña de 11 años embarazada producto de una violación por parte de su abuelastro y a la cual el Estado le negó su derecho a interrumpir el embarazo. Fué convocada por la Sala V de debate oral penal a cargo de la jueza María Balcazar.
La representación de Lucía y su familia, a cargo de Andhes y Cladem, solicitó a la Sala la protección de la identidad de la madre de la niña. Bajo el slogan #NiñasNoMadres y #EmbarazoInfantilForzadoEsTortura convocaron al colectivo feminista para acompañar a Lucía y su familia. Recordemos que el año pasado, el Gobierno de Manzur, en alianza con el Arzobispado y los grupos antiderechos, obstaculizó constantemente el acceso a la ILE, a pesar de las palabras de la niña y el pedido de su familia. Este caso llevó a la situación de las niñas en Tucumán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cifras del embarazo de niñas en Tucuman. Durante 2017 hubo en la provincia 4.231 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. De los 137 partos de niñas menores de 15 años, la mayoría son embarazos infantiles forzados como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violencia que afectan gravemente la integridad psíquica y física de las menores. Asimismo, se destaca que debido a estos índices alarmantes Tucumán fue declarada provincia prioritaria por la intervención del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), lanzado por el Estado Nacional.
Organizaciones y activistas del movimiento de mujeres y disidencias nucleados en el espacio Ni Una Menos plantean una serie de exigencias, como la implementación efectiva de la ESI en todas las escuelas, que el Poder Judicial investigue las responsabilidades estatales de quienes forzaron a la niña a continuar con su embarazo, de los sectores antiderecho que divulgaron la historia clínica de Lucía, violando así su privacidad y derecho a la intimidad, el cierre de la causa contra José Gijena y Cecilia Ousset, denunciados por homicidio; y el cumplimiento de las medidas judiciales tendientes a garantizar a Lucia los derechos que le fueron negados (vivienda, educación, salud, familia).
