Violencia contra las mujeres. Con Natalia Coronel en Tucumán ya son 90 femicidios en el año: ¿alcanza con la línea 144?

Natalia Coronel es la sexta víctima de femicidio en Tucumán en lo que va del año. Fue hallada en el patio de su casa en la localidad de La Madrid, a 80km al sur de la capital, y murió antes de llegar al quirófano. El femicida fue su esposo, Juan Salvatierra, quien se suicidó horas después de haber escapado. Simultáneamente, era detenido en Juan Bautista Alberdi un hombre que quiso prender fuego a su pareja y se iniciaba en San Miguel de Tucumán una campaña para exigir la aparición de María Graciela Luna, desaparecida desde el 17 de abril.

Las historias suenan similares a otras anteriores y se nos revuelven las vísceras al encontrar sus similitudes semana tras semana. Desde que comenzó el aislamiento obligatorio el conjunto de los delitos ha disminuido –según registros oficiales- pero los femicidios se mantienen. En una entrevista radial la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, reconoció que la situación de aislamiento en el hogar generó un aumento del riesgo para las personas víctimas de violencia. También dijo que este era un dato que ya se conocía en base a los índices reflejados por los países que ingresaron antes al aislamiento. Pero ¿cuál es la respuesta del estado?

Priorizar la atención telefónica y que puedan salir a pedir ayuda

"Desde Nación y en todas las provincias se priorizó las atenciones que son telefónicas o vía WhatsApp. Salimos desde el Comité de Emergencia, con la Jefatura de Gabinete, con una resolución para que todas las mujeres o personas LGTB que están en situación de violencia pueden salir de su casa para pedir ayuda, para denunciar, para pedir asistencia."

Esa fue la respuesta que brindó la ministra cuando le preguntaron qué medidas se estaban tomando. Y aclaró que se venía trabajando muy bien con todas las provincias sin distinción de posiciones políticas. Para quienes venimos poniendo el cuerpo en la lucha contra la violencia de género y exigiendo a los estados medidas concretas y efectivas que podrían revertir estas situaciones, esta respuesta genera, cuanto menos, bronca.

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Según Elizabeth Gómez Alcorta se trataría de "un fenómeno que tiene muchas condiciones para que se dé, y una parte importantísima son las condiciones culturales. Las otras condiciones están dadas siempre en los vínculos interpersonales y dentro de las casas".

Efectivamente la línea 144 está recibiendo un 40% más de llamadas por situaciones de violencia dentro del hogar. El confinamiento obligatorio es un caldo de cultivo para estas situaciones y se convierte en alerta cuando recordamos que el 70% de los femicidios se da dentro del entorno familiar. Pero ¿es la línea telefónica la mejor intervención que puede hacer el estado? ¿Qué política le contrapone el estado a esos "condicionantes culturales"?

Tucumán, el jardín de la violencia

Localmente también funcionan las líneas telefónicas del Observatorio de la Mujer y la Secretaría de la Mujer del Estado. Sin embargo, no es precisamente el gobernador Juan Manzur alguien que se destaque por defender nuestros derechos, todo lo contrario. En el caso del Observatorio, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Gabriel Yedlin, las propias trabajadoras denunciaron despidos durante la cuarentena, precarización de sus condiciones de trabajo y demoras en el pago de sus salarios desde 2019.

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También denunciaron deuda salarial y precarización les trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Son los que sostienen los Dispositivos de Cuidado Institucional (DCI), lo que antes se conocía como hogares, que albergan niños, niñas y adolescentes, por los Equipos Territoriales de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

¿En serio Gómez Alcorta va a defender que están trabajando muy bien y coordinadamente con provincias como Tucumán? ¿Dónde no se conoce la existencia de refugios para víctimas de violencia y está entre los índices más altos de embarazo infantil?

Después de la denuncia ¿qué?

Desde que fue declarada la cuarentena obligatoria los gobiernos provinciales y nacional desplegaron una intervención gigantesca de las fuerzas de seguridad en todo el territorio. Junto con los medios masivos de comunicación desataron una campaña para relegitimarlas como “policías del cuidado”. Sin embargo, hay dos datos que son cruciales. El primero, que muchas de las mujeres asesinadas ya tenían denuncias realizadas ante la policía.

El segundo, según informa la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) es que uno de cada cinco femicidios es perpetrado por un integrante de las fuerzas de seguridad que utiliza el arma reglamentaria. Esto significa que la primera causa de muerte de mujeres y mujeres trans en manos del aparato represivo estatal son los femicidios cometidos por agentes uniformados.

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Por estos motivos, en el vértice opuesto a la agenda de seguridad que ofrecen los gobiernos, se vuelve una necesidad para el movimiento de mujeres y disidencias volver a poner la emergencia sanitaria y de género en el centro del debate. La situación excepcional de aislamiento obligatorio hizo más evidente que nunca la necesidad de una respuesta integral que contemple refugios ya y planes para el acceso a las viviendas para las víctimas de violencia, como venimos sosteniendo desde el Frente de Izquierda Unidad.

Ministerios y secretarías fueron puestas en pie, pero seguimos sin contar con medidas que garanticen el empleo, y mucho menos las licencias pagas para todas las víctimas y sus familias, ni subsidios que garanticen el ingreso igual al costo de la canasta familiar. De esta manera hoy se sigue condenando a las que menos tienen.

Estas son las propuestas que plantea, en el camino de fortalecer la lucha contra la violencia machista y patriarcal, el proyecto que desde 2015 presentan en el Congreso Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Más actual que nunca, todavía espera tratamiento.

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