MEGAMINERÍA. Conviviendo con el saqueo y analfabetismo

La Mendoza de los contrastes abruma. Así como fue noticia que en la UnCuyo se venden materias por unos miles de pesos, también lo fue que el Gran Mendoza tiene un 34,9% de trabajo en negro. Es decir, que más de un tercio de la población vive con lo que un sector pagó por una materia para truchar un título. Amén de que la compra de materia está sospechada de ser una forma de lucrar con la función pública.

Mientras los funcionarios viajan a Macedonia y se fotografían junto a empresarios mineros como verdaderos lobbystars de mega emprendimientos altamente destructivos, son justamente departamentos como Malargüe los que presentan la mayor cantidad de analfabetos y menos egresados universitarios.

La Directora General de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, se paseó hace unos días con Sileoni anunciando que Mendoza debería sentirse orgullosa por sus estadísticas educativas, pero, si el Censo Nacional dice que 1,9% de la población nacional es analfabeta, en Mendoza nos encontramos con que muchos municipios superan ampliamente ese porcentaje: “En Malargüe, el 5,5% de la población no sabe leer ni escribir; en Lavalle el 5,2% está en la misma situación; en Alvear el 4%; en Santa Rosa, San Martín, San Carlos y La Paz supera el 3%”. En pleno siglo XXI hay casi 32 mil mendocinos que aún firman con una X porque no saben leer ni escribir. Y las cifras en porcentajes son superiores a la media nacional.” (diarioVox.com.ar) Como dato, en la provincia hay más analfabetos que docentes, y son sobre las espaldas de estos que sistemáticamente pretenden descargar la responsabilidad de las estadísticas que no cierran y de los niños y las niñas que no aprenden. Pero también fue noticia la presentación de los proyectos mineros de Hierro Indio y Cerro Amarillo. ¿Cuál es la verdadera cara de Mendoza?

Modelo de saqueo y contaminación

Un argumento muy trillado de quienes defienden el vergonzoso esquema de saqueo minero es el de la generación de puestos de trabajo, pero el discurso se cae rápidamente ya que los emprendimientos a cielo abierto necesitan mínima mano de obra y, a lo sumo algunos técnicos calificados.

El ministro de Energía de la provincia, Marcos Zandomeni, declaró que sólo se trabajará en las exploraciones y, sobre esa base se definirá la viabilidad o no de la explotación de hierro y cobre en el sur. La exploración en Cerro Amarillo estará a cargo de Meryllion, una empresa de capitales canadienses, que propone invertir unos 10 millones de dólares y generar modestos 70 empleos. Hierro Indio será de “explotación nacional”, para abastecer a Techint que tiene que importar el mineral que se encarece por la disparada del dólar. Pretenden explorar una zona de tres mil hectáreas invirtiendo dos millones de dólares y contratando de 25 a 30 personas, con lo que podrían hacer desaparecer el cerro en apenas unos 22 años. Demasiado impacto y destrucción ambiental, en zonas aún no debidamente investigadas ni inventariadas en sus formaciones glaciares y periglaciares para una contratación mínima de mano de obra.

Malargüe no responde a la imagen publicitaria típica mendocina de producción: viñedos esplendorosos creciendo al sol. Allí hay explotación minera y producción de papa, cebolla y ajo. Fue el lugar donde Odebrecht y Techint construyeron la empresa Vale en la mina de potasio de Río Colorado con promesas, mucha expectativa y pocos requisitos. Si hasta para ser empleado ni el título secundario hacía falta. Pero de un día para otro se fueron a Brasil y, directa o indirectamente, dejaron más de seis mil familias sin trabajo. Desde el gobierno y las empresas responsabilizan a las organizaciones socioambientales por defender la Ley 7.722, que prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias para extraer metales. Pero lo que no quieren discutir es la lógica de una sed de ganancias ilimitada.

Como dice la propia Cámara Minera: “Lo ideal es aprovechar estos momentos de crisis para explorar y esperar la suba de precios para extraer”. Pero mientras especulan obscenamente no dejan de despotricar contra las leyes conseguidas por la lucha popular, en particular la ley 7722, contra la megaminería.

Noventismo en toda la línea

Pero más allá de existir esta legislación, la actividad minera está regulada por la menemista ley nacional 24.196, que exige a las empresas tributar el 3% en concepto de regalías. Otro “regalito” de Menem y los Kirchner para los pulpos transnacionales. A las provincias les corresponde un miserable 3% de lo declarado, evaluado además en “boca de mina”, es decir, sobre un producto en bruto y de escaso valor.

¿Cómo se lee la realidad de estos contrastes y noticias? “La imagen no es nada, la sed es todo”, decía la publicidad de una conocida agua gaseosa limonada. La sed -de ganancia- es tal, que “vienen por el agua”, vienen por todo. Se calcula que las onzas de oro que hay en el subsuelo argentino son 25 millones. El valor apróximado de cada onza es de 925 dólares. Esto quiere decir que el cálculo es facturar 24 mil millones de dólares. Para extraer este mineral se tendrían que gastar tan sólo unos 4 mil millones de dólares. Eso es llevársela verdaderamente en pala. Cuando se acaben esas reservas quedarán contaminación, desempleo y destrucción de cualquier otra actividad productiva de las zonas de explotación y en las poblaciones no queda nada.

Por unas pocas monedas las empresas extranjeras (canadienses, estadounidenses o británicas) se llevan todo por mínimas retenciones, sin impuestos, y con infinidad de beneficios impositivos, reintegros por exportaciones y combustible, y subsidios a la energía eléctrica .La sed de lucro inmediato no repara en daños. La mega minería destroza partes enteras de cuencas hídricas, que en zonas áridas y semiáridas como Mendoza, La Rioja o San Juan son vitales.

Además de leyes a favor del saqueo, las megamineras han contado con la invalorable ayuda de la Ley de Educación Superior menemista, que durante la “década ganada” se ha mantenido intacta y que impone que las universidades públicas resuelvan el déficit presupuestario con formas de financiamiento “alternativo” a cambio de prestar servicios a empresas. El gobierno no invierte, las empresas ahorran y se legaliza el saqueo desde el CONICET y los centros de investigaciones de las universidades nacionales que tienen sus cerebros al servicio de demostrar que el cianuro no contamina y el fracking no es lo que parece. Aunque no es sin resistencia ya que universidades como la Nacional de Córdoba, la de Río Cuarto o la Universidad Nacional de Luján han rechazo los fondos de La Alumbrera, por ejemplo.

Decía Néstor Kirchner en 2004: “...que la gente perciba que la minería trae progreso, trabajo, mejoramiento en la calidad de vida y que tiene que ver con el desarrollo económico y el crecimiento de la región donde se están desarrollando este tipo de inversiones...” Pero lo que queda a la luz es que lejos del discurso de progreso e inversiones, las localidades mineras son las que presentan peores índices sociales. La Rioja, por ejemplo, tiene un promedio de 2,6% de analfabetismo, superando así la media nacional en toda la provincia. Como denuncian los asambleístas, en Catamarca, las ciudades que rodean La Alumbrera (Santa Ana, Belén y Andalgalá) viven en la más inmensa precariedad. No hay cloacas ni agua potable, no existe ni servicio de traumatología en los hospitales y no hay terapia intensiva ni como servicio público ni como privado.

Por eso, y volviendo a los índices preocupantes de analfabetismo en gran parte de la provincia, la realidad nos dice que aquello que llamamos crisis educativa no es un problema de plata en sí mismo. Plata hay, el problema es en qué, cómo y para qué se invierte. Sólo en Malargûe y a pesar de que el 97% de las ganancias se las llevan las mineras al exterior, el municipio aporta por regalías 115 millones de pesos. Tiene un presupuesto de 190 millones para 24 mil habitantes. Pero la contracara de la fiesta extractiva son más del 70% de trabajadores municipales que vive con menos de 4 mil pesos.

Ante tanto discurso antibuitre, el modelo de saqueo ni se cuestiona. No sólo se mantiene la sangría de la deuda externa que es ilegítima y fraudulenta, sino que la cuestión de la nacionalización de los recursos a manos del estado es una medida básica para enfrentar el saqueo imperialista. ¿De qué forma? Bajo el control por parte de los trabajadores conformados en consejos que tomen en cuenta la palabra, además de los técnicos y trabajadores, de los pueblos originarios y pobladores. ¿Para qué? Para además, proponerse de verdad poner la explotación sustentable, recursos disponibles al servicio de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Pensemos si tan sólo se destinara un 10% de la riqueza generada por una explotación de los minerales, racional y no contaminante, para educación, garantizar infraestructura, becas, boleto gratuito, salarios dignos para la docencia, ... ¿ no sería otro el cantar?