A pesar de un fallo judicial que ordena al empresario a quitar el portón y dar vía libre al tránsito en un camino ancestral usado por la comunidad, este continúa con su medida.
Miércoles 21 de septiembre de 2022 18:42
La denuncia se da luego de que la Jueza Sapaj haya reconocido que la comunidad indígena de Tilquiza tiene razón. Para ello, tuvo que repercutir en todo el país el brutal desalojo y detención por parte de la policía de Jujuy de siete integrantes de la comunidad, entre ellas mujeres con niños, el 14 del corriente mes, por la defensa de un camino ancestral usurpado, clausurado por el terrateniente de apellido Verzini, que impedía el libre tránsito y dejaba aislados a los miembros de la comunidad del acceso a la salud.
Como denuncian los mismos, fue responsabilidad del ayudante Fiscal Dr. Ivan Monaldi Pancich, el Fiscal Alejandro Maldonado, el Fiscal General Dr. Enrique Lello Sanchez, la Jueza Ana María del Huerto Sapaj, el Gobernador Gerardo Morales y la policía de la provincia de Jujuy, quienes imputan a los integrantes de la comunidad de “turbación de posesión y entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra” contra integrantes de la comunidad indígena, a la par que desconocen el accionar del finquero Enrique Daniel
Verzini y su empleado Ariel Amaranto hacen uso de amenazas de muerte, amedrentamiento dando muerte a animales de la comunidad y hasta un intento de homicidio.
Ante el incumplimiento del empresario la comunidad solicita la intervención de la Justicia federal y de Organismos de DDHH ante la violación sistemática de tratados internacionales, derechos constitucionales en la Provincia de Jujuy y la Ley vigente 26.160 que protege al territorio y las comunidades de un desalojo.
“Justicia” para quienes
El reconocimiento del fallo de la mismísima jueza Ana María del Huerto Sapaj de la Cámara Civil y Comercial - sala II - Vocalía 6, a saber “.. al señor Enrique Daniel Verzini que deberá liberar todo tipo de obstáculo que impida la libre circulación por el camino ancestral de uso tradicional” del 14 de septiembre. Pasada una semana de esta orden judicial, el usurpador Enrique Daniel Verzini, continúa incumpliendo la orden de liberar todo tipo de obstáculo, que obstruya la libre circulación por el camino de uso tradicional.
A su vez, la comunidad indígena ya realizó las correspondientes denuncias por incumplimiento y desobediencia judicial en la comisaría seccional 3º del Bº Chijra, San Salvador de Jujuy, con fecha 16 y 19 de septiembre unificado a un mismo Expte. Nº 393-CST/22 a cargo de Ayudante Fiscal Ivan Monaldi Pancich y Fiscalía especializada en delitos contra la propiedad a cargo del Fiscal Alejandro Maldonado, quienes también fueron informados de tal situación a través del apoderado legal de la Comunidad.
Esta situación continúa exponiendo a la falta de acceso a la salud de la comunidad, en específico con Justo Rufino Gaspar (miembro de la comunidad) de 82 años quien se encuentra aislado.
Esperando que su pedido no caiga en oídos sordos, la comunidad pide el rápido actuar y avocamiento inmediato de los ayudante Fiscal Dr. Ivan Monaldi Pancich, Fiscal Alejandro Maldonado, Fiscal General Dr. Enrique Lello Sanchez y Jueza Ana María del Huerto Sapag. Quienes no tardaron en ejercer desalojo y atropello a mujeres y niños a manos de la policía en favor del finquero quien dice ser dueño de ese territorio y del camino ancestral.
Ante este hecho, la exdiputada, mandato cumplido, Natalia Morales expresó:
"Nosotros dejamos la vida por territorio", "para nosotros son usurpadores quienes dicen tener papel...soy la tercera generación del pueblo Ocloya".
Tomate unos minutos para escuchar Mercedes. Fue arrestada por el Gobierno de Morales por defender un camino comunitario. #Jujuy pic.twitter.com/De4NXICh3g— Natalia Morales (@NatuchaMorales) September 16, 2022
Así también, Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya, detenido también durante el desalojo, denunció en los medios de comunicación la conveniencia entre el poder político y la justicia en favor del terrateniente, que sostiene se intensificarán este tipo de atropellos con la reforma constitucional que plantea el gobernador Gerardo Morales y alertó a todas las comunidades de la provincia de Jujuy, que” vienen por todos”.
