ADIUC presentará una nota en el juzgado a cargo de la causa iniciada contra estudiantes y la abogada Leticia Celli por la toma del Pabellón Argentina el año pasado.
Martes 16 de abril de 2019 00:03
El gremio de docentes universitarios de Córdoba (ADIUC) presentará este martes una nota en Tribunales Federales una nota dirigida al juez Miguel Vaca Narvaja manifestando el rechazo a la criminalización de la protesta social en la causa que se instruye en dicho tribunal por el supuesto delito de usurpación contra estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y contra la abogada Leticia Celli. Esta presentación, luego de varios meses de iniciada la causa, se realiza a pedido de docentes e investigadores de varias unidades académicas, que también darán testimonio en el juzgado.
En la nota se afirma: “Desde nuestra entidad entendemos que esta acción penal tiene origen en medidas de protesta discutidas y consensuadas por un colectivo, principalmente estudiantil, en el marco de un conflicto social. El derecho constitucional a la protesta se reconoce en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.
En ese sentido, plantean también que “el conflicto social al que hacemos referencia es la afectación del derecho a acceder a la educación superior; es un conflicto todavía presente pues las políticas universitarias del Poder Ejecutivo Nacional siguen apuntando a desfinanciar el sistema universitario nacional”.
El conflicto docente del 2018 se desató cuando el Gobierno nacional ofreció a la docencia universitaria un 15 % de aumento en mayo del 2018, cuando la paritaria había vencido en el mes de febrero. En todo el país, los y las estudiantes se sumaron a la lucha, organizándose en asambleas, realizando movilizaciones masivas y tomando varias unidades académicas. Plantearon sus propias reivindicaciones, como la ampliación de becas y del presupuesto universitario en base al no pago de la deuda externa, mayor cantidad de horarios de cursada y la remoción de imágenes religiosas de las universidades.
En otro tramo de la nota que se presentará, ADIUC da cuenta de que “la ocupación de espacios públicos como forma de exigir derechos tiene una larga tradición como mecanismo para expresar conflictos, especialmente desde el retorno de la democracia. Si nos remitimos a nuestra propia historia universitaria, el Manifiesto Liminar documenta y proclama la toma del salón de actos: ‘Antes de que la iniquidad fuera un acto jurídico, irrenovable y completo, nos apoderamos del salón de actos y arrojamos a la canalla, sólo entonces amedentrada, a la vera de los claustros’”.
Por último, el gremio considera, citando nuevamente al Manifiesto Liminar, “que no se puede ver en cada petición un agravio y mucho menos al código penal. Reclamamos también la potencia del conflicto como ámbito de la discusión abierta, que hace lugar a pensamientos críticos, permitiéndose cuestionar los fundamentos mismos de la sociedad”.
En febrero, delegados de Luz y Fuerza presentaron una nota similar en el juzgado. En la misma declaran estar “seriamente preocupados por el avance persecutorio y proscriptivo de la justicia federal sobre los estudiantes universitarios, quienes, manifestándose en defensa de la educación pública, fueron procesados por ejercer el legítimo derecho a la protesta, expresamos nuestra estrecha solidaridad con la causa y los métodos de lucha que llevan adelante”.
El año pasado, una declaración de repudio a estas imputaciones fue avalada por personalidades como Mirta Baravalle, Sergio Maldonado, Raúl Zaffaroni entre más de 250 firmas. Entre ellas se encuentran las de diputados nacionales como Hugo Yasky, Nicolás del Caño, Pablo Carro y Nathalia González Seligra.
Otras importantes organizaciones que han presentado notas de apoyo son el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación María Elba Martínez.
Sin embargo, el juez ha rechazado incorporar estas muestras de solidaridad a la causa, planteando que las personas y organizaciones firmantes no son parte de la misma.
Como se ha señalado anteriormente en este medio, la imputación a los estudiantes y la abogada se basa en figuras jurídicas totalmente forzadas. El delito de usurpación es de por sí un reaseguro de la propiedad privada en el ordenamiento jurídico, pero no aplica en el caso de la toma del Pabellón Argentina que es un edificio público.
Lo único que se busca con esta causa es sentar un precedente gravísimo a nivel nacional, ya que en cientos de tomas que han ocurrido a lo largo de la historia en sedes de edificios públicos, nunca se llegó a semejante avanzada. En momentos en que se está descargando un ajuste brutal sobre los sectores trabajadores y la juventud, es imprescindible luchar también contra este intento.
