A un mes de haber empezado las clases, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de la UNT se encuentra dando su segunda pelea, esta vez conseguir la gratuidad del boleto estudiantil.
Jueves 11 de abril de 2019
Desde el centro de estudiantes de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia (EAS) se comunicaron hace un mes con este diario contándonos que la directiva de la escuela les imponía un arancelamiento de $3000 para la inscripción. La indignación fue tal que la campaña que llevaron adelante estudiantes y padres logró viralizarse ampliamente por las redes.
Tras hacerse pública la denuncia, la directiva se vio obligada a retroceder aclarando este “requerimiento” no era obligatorio, sino voluntario.
Esta vez los estudiantes reclaman un derecho: el boleto estudiantil gratuito
Unos meses después de haber firmado el flamante pacto fiscal y el ajuste brutal a los jubilados y beneficiarios de la AUH, bajo indicaciones del FMI, se podía ver las sonrisas del gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo jactándose de brindar a 30.000 estudiantes del interior el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG). Hacían demagogia con derecho elemental para que cualquier estudiante pueda asistir a un establecimiento educativo.
Su contrincante capitalino, Germán Alfaro, no escatimando atribuciones a su propia gestión, hacía gala del mismo beneficio en San Miguél de Tucumán.
Pero en el medio se encuentran los estudiantes del EAS; es que la escuela se encuentra fuera de la capital, un requisito para acceder al BEG municipal. A la vez, muchos estudiantes tienen residencia en San Miguel de Tucumán, por lo tanto no cumplen con requisitos para percibir el BEG de la provincia, que abarca estudiantes con residencia en el interior.
“Nos dieron vueltas, nos dijeron que eso le correspondía a la municipalidad. Algunos políticos se acercaron con la promesa de solucionar nuestro reclamo, pero hicieron demagogia limitando la entrega a un grupo reducido de alumnos. Mientras muchos quedaron a la espera”, nos comentan con bronca los alumnos.
El único colectivo que llega hasta la escuela es la Linea 100. Para aquellos que viven cerca del recorrido de esta línea el costo por cada viaje es de $26,4 ($52.8 por día).
De no ser así, como sucede con la mayoría, se debe incluir dos pasajes más de costo cada uno $19,30. Es decir, que solamente en boleto para las familias trabajadoras deben gastar $1828 mensualmente por cada hijo. Un gasto cada vez más difícil de cubrir en la provincia de los salarios casi más bajos y los niveles de inflación más altos del país.
El pasado 8 de marzo ambas fuerzas políticas enfrentadas no tardaron en ponerse de acuerdo para votar con la mano bien en alto el aumento del boleto urbano que perjudica a miles de usuarios Tucumanos. Trasladaron el costo del BEG al bolsillo de sus padres trabajadores, de los jubilados, y el pueblo pobre. No casualmente son las mismas fuerzas que garantizan que el FMI este gobernando el país y planean sentarse a renegociar nuevamente para seguir hundiendo en la pobreza a millones.
Pero si hay beneficiaros directos asegurados son empresarios del trasporte que este años recibirán, además, más de 2200 millones de pesos en subsidios.
"Nosotros vamos a pelear hasta conseguir el BEG"
“Las autoridades nos dicen que no hagamos nada pero nosotros sabemos que nos lo dicen porque no les conviene que reclamemos un derecho elemental, porque es año electoral”, agregan alumnos.
Después de mostrarse sujetos activos políticamente, los estudiantes secundarios no son factor para subestimar en un escenario económico social inestable, cargado de bronca y renovadas energías. De esto se dan cuenta las autoridades, pero dilatar o esperar voluntades políticas no es ese el camino que los estudiantes y padres organizados comprendieron.
Ningún niño o adolescente debe ser empujado a dejar de estudiar o modificar el lugar donde cursa por no tener los recursos. El acceso a la educación es su derecho fundamental. Pero hoy la única garantía para que sea haga efectivo es la más amplia organización de los estudiantes en asambleas democráticas, coordinando con las luchas que llevan adelante otros secundarios en la provincia.
Desde el Frente de izquierda planteamos que los servicios públicos no tienen que generar ganancias a los grupos de empresarios; el transporte tiene que ser estatizado bajo control de los trabajadores con la participación de comités de usuarios. Es la manera que de puede garantizar un servicio barato y de calidad que cubra las necesidades de la mas amplias mayorías.
