Tucumán. Gómez Alcorta anunció “políticas contra la violencia machista” junto al gobernador Manzur

El martes 4 se realizó en Tucumán la primera reunión del Consejo Federal para la prevención y abordaje de femicidios, transfemicidios y travesticidios de la región del Noroeste. La apertura del encuentro estuvo a cargo del gobernador Juan Manzur, acompañado de las ministras nacionales Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidades) y Sabina Frederic (Seguridad) junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria. Además participaron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar y representantes de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, miembros del Poder Judicial de dichas provincias, legislativos, autoridades eclesiásticas y algunos invitados especiales.

Manzur planteó que el eje de la reunión era debatir sobre esta problemática que es central y poner todo lo que esté a su alcance, para combatir y erradicar esta tragedia para la sociedad como lo son los femicidios, los transfemicidios y travesticidios. “Tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto sea así y por lo tanto deben intervenir todas las áreas del Estado”, sentenció Manzur. Llamativas palabras del gobernador, ya que desde que se sancionó la Ley de Emergencia en Violencia de Género, en el año 2015, su gobierno le destinó un ínfimo y casi nulo presupuesto a la misma.

Teniendo el énfasis puesto en los femicidios, llama la atención que no se haya hecho mención alguna al caso más resonante, y que está en el ojo de la escena provincial desde el 2020: el femicidio de Paola Tacacho. Días atrás, tras cumplirse seis meses sin justicia, sus familiares viajaron desde Salta para conocer el estado de la causa y se encontraron con que no hay avances en la investigación, ni respuestas ante el pedido de unificación de las causas planteado por la querella.

Nilda Zerpa, prima de Paola, manifestaba que “al parecer toda la justicia no tiene intenciones de colaborar ni avanzar en investigar a los responsables y partícipes necesarios del femicidio de Paola. Señalaba que a ese rol cómplice de la justicia también hay que sumarle el hecho de que el gobernador Juan Manzur permitió que el juez Pisa, cuestionado por su responsabilidad en el femicidio, se jubile y evite así el juicio político que reclamaba la familia.

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Tampoco Manzur se refirió al transfemicidio de Vicky Nieva, sucedido en el mes de abril. La joven era oriunda de la ciudad de Aguilares, intentó en muchas oportunidades denunciar a su agresor pero en la comisaría se negaban a darle curso a las denuncias. La familia asegura que la discriminaban por ser trans y que la Policía no hizo nada en las numerosas veces que pidió ayuda. Una gran manifestación se llevó a cabo en Aguilares, para exigir justicia y denunciar el accionar de la institución policial y la responsabilidad del Estado, que quedó expuesta nuevamente.

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Surgen también otras contradicciones en los dichos de Manzur, ya que en materia de Diversidades, el colectivo LGTBI se encuentra a la espera hace dos años de la reapertura del CEtrans (Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas), que el ministro Lichmatjer mantiene cerrado hace dos años, y en la extrema precarización al cuerpo docente que lo sostenía.

La desigualdad estructural a la que están sometidas las personas LGTBI y disidencias sexuales, en los hechos, no es un tema central como plantea Manzur. A las claras, hay acciones que el Estado puede tomar y no lo hace, por ejemplo la reapertura de una institución como el CEtrans que no alberga solo a la población trans, sino también a todas aquellas jóvenes y adultas que hayan sido excluidas del sistema educativo por diferentes razones, como las madres solteras o quienes en su momento no pudieron continuar con sus estudios porque tuvieron que salir a trabajar.

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La Justicia tucumana

Mientras este debate se llevaba a cabo, con la presencia de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y miembros del Poder Judicial, salía a la luz una grave denuncia por acoso sexual contra el Ministro Pupilar y de la Defensa Washington Navarro Dávila. Erika, la denunciante, relató dos años de acoso sistemático ejercido por el Ministro. Este hecho, deja en evidencia una vez más que ante la impunidad de los poderosos, no hay leyes ni cursos con perspectiva de género que sean suficientes para esta casta colmada de privilegios, que reproduce, legitima y es garante de la violencia machista.

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¿Y de la Policía quién nos cuida ?

Frederic por su parte expresó: “desde el Ministerio de Seguridad de la Nación tenemos una doble responsabilidad, en principio porque de él dependen las fuerzas federales de seguridad, cuyos integrantes son en su mayoría varones, y donde la masculinidad ha sido predominante".

Frederic ubica el problema de las fuerzas de seguridad, en las masculinidades que las componen. Es innegable que son numerosos los femicidios que ocurren en manos de miembros de las fuerzas represivas, amparados por todo el aparato policial. Pero la respuesta ante esto, con cursos y capacitaciones en materia de género, de la mano de reforzar el presupuesto de la Policía y darles cada vez mayor poder ¿es la solución para reformar esta institución?. En los últimos meses fueron noticias los femicidios cometidos por miembros de la fuerza, como el caso de Úrsula, donde compañeras y amigas de la joven realizaron enormes manifestaciones bajo la consigna “¿y de la Policía quién nos cuida?", denunciando el rol de esta institución que cuando no es parte implicada es parte necesaria para perpetuar la violencia machista.

La violencia machista: “un tema que atraviesa siglos”

La ministra Gómez Alcorta, destacó que la violencia machista es un tema que atraviesa siglos, para graficar con esta expresión “la dificultad del abordaje”. Pero si atraviesa siglos, por qué omitir entonces parte de las soluciones o algunas respuestas que ayudarían. Y es que si de presupuesto se trata…

No hubo mención alguna respecto a la creación de refugios. De los 14 que había anunciado el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones (ecuación que dejaba afuera a 9 provincias), aún no se abrió ni medio refugio.

En el marco del planteo de este programa, de trabajar para articular las denuncias, la ministra visitó el Observatorio de la Mujer , acompañada por el ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin, la ministra de Salud Rossana Chahla y la referente provincial de mujeres del PJ María del Carmen Carrillo. La visita tuvo el objetivo de conocer el trabajo territorial que se lleva adelante allí.

El ministro Yedlin ¿le habrá mencionado que actualmente dicho espacio cuenta solo con 8 trabajadoras, para dar respuesta a demandas que las superan?. Durante el 2020 las trabajadoras del Observatorio denunciaron en diferentes oportunidades las condiciones de precarización en las que trabajaban, la no renovación de contratos y despidos. El Ministerio de Desarrollo Social fue protagonista de un sinfín de denuncias durante los meses más rígidos de la cuarentena en 2020, por llevar meses sin pagarle a sus trabajadores, una máquina de precarización donde los dispositivos que trabajan con mujeres no quedaron exentos.

Finalmente la ministra hizo mención al programa Acompañar, el cual está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país. Su objetivo principal es fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+. Ambicioso objetivo pero con un subsidio no mayor a $3500. Un monto que no alcanza ni para pagar una habitación en una pensión, si pensamos que una de las necesidades más urgentes de las mujeres muchas veces, es salir del hogar para escapar de sus agresores.

¿Qué medidas se adoptaron entonces? ¿Responden a las demandas del movimiento de mujeres y disidencias?

Parte del diagnóstico y las definiciones que surgieron de este encuentro, fue la consideración de que hay un déficit en la articulación de respuestas estatales, de parte de las agencias de justicia, policiales, con respuestas fragmentadas. Entonces el objetivo absoluto de este debate, se limitó a pensar cómo unificar las denuncias.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos manifestó que el tema de la transversalidad en los abordajes es una preocupación enorme del Presidente Alberto Fernández. En esta línea, hizo referencia al “techo de cristal” y remarcó que el 82% de los fiscales generales de la Argentina son varones y que no se puede seguir permitiendo esto.

Las palabras del ministro Martín Soria, ubican nuevamente la masculinidad en la composición de las instituciones del Estado, como el problema central. Pero ¿que haya más juezas, que se establezca la paridad de género en el personal del Poder Judicial, que se hagan más cursos de capacitación con perspectiva de género, es suficiente?.

De qué sirve tener funcionarias feministas si luego ejercen un silencio cómplice cuando se vota un ajuste donde las mujeres se llevan la peor parte, si se hace la vista gorda ante los reclamos de las trabajadoras de la salud, de la educación, de las precarizadas en los mismos Ministerios del Estado. ¿Cómo se amplifica la voz de las mujeres “desde adentro” formando parte del mismo espacio de los responsables de las desigualdades más grandes que golpean a las mujeres? ¿Qué rol puede jugar una funcionaria feminista si forma parte de un proyecto dirigido por Manzur?

De cara al 8 de marzo de este año, se instaló en la agenda nacional el debate acerca de una reforma judicial feminista, para dar respuesta a la oleada de femicidios que acontecieron en aquel momento, que tenían como característica principal que los femicidas eran miembros de la fuerza policial, o casos en los que las víctimas habían realizado numerosas denuncias y la justicia no dio respuesta alguna. Ante esto, el Estado y los gobiernos pretenden siempre sacar rédito de la institucionalización donde en nombre de la confianza, los reclamos de las mujeres siempre quedan relegados en los pasillos de los ministerios, o en instituciones de la justicia.

Pero a las leyes, programas o políticas con perspectiva de género, se los acompaña con un presupuesto acorde a la magnitud de la problemática, la cual es nada más y nada menos que la vida de las mujeres y disidencias. No basta con articular denuncias, es urgente declarar la Emergencia por violencia de género. No basta con reformas cosméticas o creación de Ministerios, que intentan maquillar la responsabilidad del Estado, y a la vez quitarle al movimiento de mujeres el filo de la organización y movilización.

La realidad actual convoca a unificar los reclamos, a organizarnos en los lugares del trabajo y estudio, unir a todos los sectores en lucha. El colectivo LGTBI junto a las mujeres que pelean contra la violencia machista y los femicidios, las trabajadoras de la Educación y la Salud, las valientes mujeres de la cosecha del limón en Tucumán, las jóvenes precarizadas, son algunos ejemplos. Construir solidaridad y unidad es una tarea más que necesaria, los enemigos son los mismos, y fuimos testigos una vez más de las que “respuestas” que tienen para darnos ante los femicidios, transfemicidios, ante la precarización en el trabajo y en la vida, se limitan a falsas soluciones institucionales, que no implican ningún efecto real y material en la vida de las mujeres.