Mientras aguardan un fallo de la justicia que pondría el ingenio en manos de Carlos Omil, un conocido empresario vaciador, la FOTIA mantiene cortada la obra social y el gobierno no garantiza ningún tipo de ingreso.
Viernes 8 de mayo de 2020 13:52
Los trabajadores del Ingenio San Juan volvieron hoy a cortar la calle frente a las instalaciones de la fábrica en reclamo de una solución definitiva al conflicto judicial que mantiene paralizado al ingenio hace dos años.
Esta semana las patronales azucareras y el gobierno se reunieron en la Legislatura para tratar el inicio de la zafra y el pedido de que se cumplan ciertos protocolos sanitarios. Pero pocas definiciones hubo en relación a las garantías de aplicación de estas medidas sanitarias, que quedarán en manos de patronales gozan de total impunidad para imponer condiciones de trabajo completamente insalubres que conducen frecuentemente a todo tipo de "accidentes" laborales y a la mas abierta contaminación ambiental en perjuicio de los vecinos de la zona.
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En cuanto al Ingenio San Juan, tanto la FOTIA como el gobierno apuntaron a esperar una definición judicial que otorgaría la titularidad del Ingenio a la empresa Constructora de Tucumán SA, del empresario Carlos Omil.
Recoredemos que este empresario era parte del Grupo Altamiranda, cuando 4 de sus altos ejecutivos fueron procesados y encarcelados por defraudación y evasión fiscal a través de entidades "sin fines de lucro".
Carlos Omil fue también quien tuvo en sus manos el arriendo del ingenio San Juan desde 2002 hasta el 2015, arrastrando a su paso deudas millonarias mientras se hacía del alcohol y el azúcar del ingenio. La deuda no hizo más que incrementarse con los posteriores arrendatarios. Al día de hoy el "Complejo Agroindustrial San Juan SRL" acumula deuda salarial desde 2017 por mas de 20 millones de pesos.
Tras el fallo de la justicia tucumana Carlos Omil pasaría a ser el dueño definitivo de los activos del ingenio y la deuda salarial se pagaría con la venta de 13 hectáreas de tierras del ingenio.
Mientras tanto los trabajadores siguen esperando los tiempos de una justicia que durante casi 20 años y sin motivos claros ha dilatado un concurso de quiebra que resultó en un gran negocio para los sucesivos arrendatarios. Las 400 familias que dependen del ingenio siguen sin cobrar y con la obra social cortada (la FOTIA ni siquiera garantiza eso).
No se puede seguir esperando los tiempos de la justicia. El gobierno debe declarar de utilidad pública el ingenio y garantizar la zafra sosteniendo los puestos de trabajo. La producción de azúcar y alcohol podrían destinarse a programas alimentarios y a la producción de sanitizantes para distribuir en forma gratuita en hospitales y barrios carenciados.
Si finalmente la justicia pone a Carlos Omil a cargo del ingenio, hay que poner por delante las garantías laborales, salariales y sanitarias de los trabajadores. Ningún despido, que se reconozca la antigüedad y el pago inmediato de la deuda salarial de los trabajadores, que la FOTIA restablezca inmediatamente la obra social, ingreso de cuarentena para los trabajadores que pertenecen a la población de riesgo y la conformación de una comisión de higiene y seguridad de los trabajadores que controle la aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar las condiciones adecuadas de trabajo.
