En un juicio virtual, sin represores en la sala de audiencias y bajas condenas, lo destacado de este tramo de los juicios por delitos de lesa humanidad en la región del Alto Valle.
Domingo 18 de febrero de 2018 23:46
Este último jueves 15, de un febrero con altas temperaturas en la región, se leyó el veredicto en causa “Vitón”, quinto tramo de la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura en la región, conocida como Juicio La Escuelita V.
Sí, vamos por la quinta etapa de un juicio que se inició en el 2008 y del que aún faltan varios tramos. Así, dividiendo en cuerpos de expedientes, “por tramos” la historia, el registro y los valientes testimonios del horror del Terrorismo de Estado en esta región, se van diluyendo. Cómo se van diluyendo las condenas, cada vez más bajas y con la mayoría de los genocidas en sus casas, en sintonía con lo que viene sucediendo en otras regiones del país, tal el caso del beneficio de prisión domiciliaria otorgada recientemente al emblemático genocida José Miguel Etchecolatz y la mayoría de los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Lo que no se ha diluido es la convicción, la militancia y el reclamo de juicio y castigo de los Organismos de DDHH y tantas personas que siguen reclamando juicio y castigo.
Este tramo se inició el pasado 5 de septiembre. Se ventilaron las detenciones ilegales y los tormentos padecidos por Alipio Quijada, quien trabajaba en la Universidad del Comahue, como Jefe de compras, era peronista y su esposa es tía de Oscar Hodola, también desaparecido. Fue secuestrado en Cutral Co, a fines de septiembre de 1977, por soldados del Ejército y policía de Neuquén.
Quijada, un año antes había sido despedido, por su condición de peronista, durante la gestión del interventor de la Universidad del Comahue, Dionisio Remus Tetu, Quijada, que a la fecha está fallecido padeció tortura en la delegación de la Policía Federal.
El otro caso es Félix Urbano Oga, quien vivía en Neuquén, estudiaba Ingeniería en la Universidad Nacional del Comahue. Fue delegado universitario, y fue secuestrado en su casa paterna, en Catriel, en un operativo en el que participaron personal del Ejército, de la Policía Rio Negro y de Gendarmería Nacional, el 27 de Marzo 1976. Permaneció detenido en las cárceles de la dictadura más de un año; tiempo en el que padeció tormentos e interrogatorios ilegales. Oga declaró como testigo el 3 de octubre, con un relato pormenorizado, sentido y conmovedor.
Al iniciar este juicio, desde la querella del CeProDH denunciaban, en relación a los imputados por estas dos víctimas, que “…Siendo en principio diez los imputados, a tres se ha suspendido juicio por razones de salud, y los restantes siete se encuentran gozando de privilegios como la prisión domiciliaria e incluso la excarcelación, como es el caso de Gustavo Vitón. Al genocida Molina Ezcurra, imputado también en este tramo, y condenado en tres ocasiones en la región, se pretende otorgar el beneficio de un “régimen de semilibertad”, con la posibilidad de retirarse de su domicilio para trabajar en una empresa de seguridad privada. Es decir que lisa y llanamente, se le ha otorgado la libertad…” además de los mencionados están procesados: Reinhold , San Martin, Di Pasquale; Jorge Soza y Camarelli. Todos ya condenados en otras causas.
La otra particularidad de esta parte del juicio la dio que la mayoría de los imputados, salvo Soza no estuvieron nunca en la sala de audiencias, lo que motivó presentaciones y requerimientos por parte de las querellas. “No hay juicios sin imputados”, dijo Natalia Hormazabal al presidente del jurado y continuó diciendo “Vamos a solicitar en este acto que se disponga la comparencia de los imputados a todas las audiencias de juicio, a la vez que nos parece inadmisible que a cuarenta y un años de ocurridos estos hechos, y transcurrido trece años de la instrucción de esta causa, y habiendo sido todos los imputados condenados en diversos tramos, resulta un insulto a las víctimas, familiares, organismos de Derechos Humanos y a los treinta mil, que se les permita tener una presencia virtual”.
El Tribunal conformado por Eugenio Krom; Orlando Coscia y Pablo Díaz Lacava, dio a conocer la sentencia condenando a: Oscar Lorenzo Reinhold: seis años y dos meses, Jorge Eduardo Molina Ezcurra: cinco años y ocho meses, Sergio Adolfo San Martín: cinco años y ocho meses, Jorge Héctor Di Pasquale: cinco años y cuatro meses, Gustavo Vitón: tres años, Antonio Alberto Camarelli: tres años, Jorge Alberto Soza: cinco años.
Conocida la sentencia, LID conversó con la abogada Hormazabal:
¿Qué opinión les merece el veredicto?
En primer lugar tenemos que decir que no nos sorprende el veredicto porque el Tribunal fue dando indicios del tratamiento y del final que quería dar a este juicio. Fue un juicio virtual donde hemos visto por teleconferencia a los imputados. Sólo Jorge Soza, ex subcomisario de la Policía Federal, quien estuvo presente en las audiencias. A este juicio llegó excarcelado Gustavo Vitón, interventor militar de la Policía de Río Negro, y se fue en el mismo estado.
Sólo dos de los siete genocidas imputados en este tramo, llegaron en situación carcelaria. Sostener la impunidad es una constante en estos juicios. Inclusive el militar Luera falleció antes de recibir sentencia.
En este sentido, empalma con lo que viene ocurriendo en juicios de otras jurisdicciones. Son instrucciones larguísimas, plagadas de chicanas judiciales por parte de las defensas, para ganar tiempo. Tiempo que en la mayor parte de los casos implica obtener el seguro beneficio de la prisión domiciliaria al cumplir 70 años, o aún, fallecer impune.
¿Las penas a 3, 5 y 6 años de prisión qué explicación merecen?
Mirá, las penas nunca conforman. En la jurisdicción sólo se ha dictado perpetua para Oscar Lorenzo Reinhold quien fuera mayor, y Jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada . El resto, en los casos en que han sido condenados, en su mayoría lo han sido como partícipes y ni siquiera como coautores, reforzando la idea de que el plan represivo fue responsabilidad de los altos mandos.
Nuestra querella siempre ha dado pelea para que se condene por el delito de genocidio. Porque entendemos que es la única calificación legal que atiende a la verdad jurídica e histórica. Lo ocurrido en Argentina durante la última dictadura militar no fue otra cosa que un genocidio de clase, contra un pueblo trabajador que había logrado un ascenso revolucionario y que había ganado en fuerza y en combatividad en la década del 70. Pero entendemos que, sobre todo, ese plan que fue desplegado con la participación y aquiescencia de el gran empresariado nacional y la Iglesia Católica, fue con la finalidad de imponer un plan económico cuyas consecuencias perduran el día de hoy. Era necesario cambiar la matriz económica y social, terminando con la generación de compañeros y compañeras que se organizaban, era fundamental y por ello fue parte de los objetivos. Y sin embargo, todo eso nunca se ha reconocido a lo largo de estos cinco juicios conocidos como " La Escuelita", como si se ha logrado en otras jurisdicciones donde el CeProDH ha sido querellante. Entonces es lógico que al negar el plan genocida, la verdad de lo ocurrido en todo el país, donde no escapaba nuestra región, las penas sean irrisorias como un modo de negación.
Y por otro lado en los juicios Escuelita III, IV y V, se ha intentado claramente, echar por tierra toda la prueba colectada en los dos primeros juicios, que ha sido fundamental, porque surgió de las propias víctimas. Por ello es inentendible que habiendo sido probado que en Comisaría 4ta de Cipolletti funcionó un verdadero Centro Clandestino de Detención, habiendo probado que durante dictadura este lugar se encontraba a cargo de Antonio Camarelli como Comisario y Gustavo Vitón como interventor militar, en este tramo se los haya absuelto por la imputación de tormentos a Felix Oga.
Por eso estos juicios, para nuestra querella, no son sólo pedidos de condena, aunque queremos que los represores estén en cárcel común. Son peleas para que se reconozca la verdad histórica, para sacar las lecciones de esa década y para mostrar que ese corte intentado sobre los hilos de continuidad que la dictadura sangrienta quiso arrancar, no se logró, porque la pelea continúa contra la impunidad de hoy; continúa con los trabajadores y estudiantes que se organizan por sus derechos, que enfrentan los despidos y los cierres de fábricas.
Y sabemos que todas esas pelas serán en las calles y movilizados. Por el ayer y por el hoy.
