Mitos y realidades del relato oficial que intenta justificar el ajuste a los salarios estatales. Salario, empleo público y subsidios a los grandes empresarios de la provincia.
Emiliano Trodler Economista
Sábado 8 de febrero de 2020 19:35
Apenas tres meses pasaron desde las últimas elecciones en las que Manzur aseguraba ser la única administración que había logrado actualizar los salarios estatales al nivel de la inflación manteniendo las "cuentas en orden", jactándose de haber evitado, con la inestimable colaboración de las conducciones gremiales, el paro en la docencia.
En diciembre el gobierno provincial suspendió unilateralmente la actualización de los salarios acordada en la última paritaria para los estatales de la provincia y comenzó con los retrasos en el pago de los haberes.
A su vuelta del Caribe, Manzur declaraba que "la cláusula gatillo no existe más", alineándose rápidamente con un gobierno nacional que pasó del "vamos a poner plata en los bolsillos de los argentinos" a pedir a los gremios y administraciones provinciales que no convaliden aumentos "excesivos" de los salarios. Entiéndase por "excesivo" cualquier aumento que se plantee recuperar lo perdido durante la gestión anterior.
Este ajuste está en linea con las directrices de un gobierno que por estas horas se encuentra negociando con el FMI y los acreedores privados qué porcentaje de los recursos fiscales deberán ser recortados para garantizar el pago de la deuda externa.
Desde el gobierno provincial afirman que la recaudación impositiva ha crecido un 37%, es decir menos que la inflación por la recesión en curso, mientras que los gastos corrientes habrían aumentado un 53%, a la par de la inflación. De esta diferencia habría surgido un rojo fiscal de entre 2500 y 4000 millones de pesos, no acumulativos. Un monto relativamente bajo, manejable si tenemos en cuenta que los ingresos acumulados en ese período ascendieron a más de 100 mil millones de pesos.
Para cubrir ese bache fiscal la administración provincial pidió al gobierno nacional dos adelantos a cuenta de la cooparticipación federal de impuestos durante el mes de enero. Una forma barata de financiarse hasta conseguir colocar deuda a más largo plazo.
Pero con la suspensión de la cláusula gatillo el gobierno se ahorraría cerca de 800 millones de pesos mensuales. Unos 10 mil millones en el año, recorte importante sobre los salarios estatales que otra vez aparecen como la variable ajuste.
¿Ajustar a los trabajadores o a los empresarios?
Mientras el gobierno anunciaba el fin de la cláusula gatillo, los empresarios del transporte recibían la noticia de que aumentarían (una vez más) los subsidios directos que vienen del gobierno nacional. Recordemos que el año pasado el gobierno convalidó tres aumentos por más del 93% en las tarifas de colectivos.
Pero en el relato oficial que apunta a los salarios como variable de ajuste no se hace mención a las exenciones impositivas que gozan los principales empresarios exportadores de la provincia. Hablamos de la alícuota cero para la exportación de limón, la producción de azúcar, arándanos, frutillas, trigo, maíz y soja, entre otros.
También rigen beneficios para importantes empresas como Arcor, que en 2017 consiguió que todos los bloques de la legislatura votaran un régimen de exención impositiva por diez años (!), o la alícuota cero en ingresos brutos e impuesto a la salud pública para los call centers Aegis Argentina, Atento y Cititech.
Estas exenciones impositivas son impuestos que la provincia deja de recaudar sobre los grandes exportadores agroindustriales. Si hay crisis, ¿por qué el gobierno se da el lujo de seguir subsidiando con los recursos de la población a los grandes exportadores beneficiados con la megadevaluación de la moneda?.
En la planilla de gastos del presupuesto provincial también hay subsidios directos que no se ponen en cuestión. Hablamos de las "transferencias corrientes al sector privado", subsidios directos que el presupuesto de 2019 había fijado en 9156 millones de pesos. Casi la misma cifra que le están quitando a los estatales con la eliminación de la cláusula gatillo.
De acuerdo a la información periodística, estas transferencias corrientes al sector privado incluyen subsidios provinciales al transporte por más de 1500 millones de pesos, transferencias a las empresas de call center para el pago del 25% de los salarios, subsidios a la educación confesional y subsidios para otras empresas de las que tampoco hay información oficial disponible.
Para "equilibrar las cuentas" no es necesario ajustar los salarios, se pueden subir los impuestos a los empresarios y terratenientes de la provincia. El problema de fondo es quién paga la crisis que generaron los grandes empresarios y especuladores financieros.
Preparar la pelea por la paritaria nacional docente
Con este primer ataque a los docentes el gobierno se prepara para negociar en duros términos la paritaria nacional docente, la primera pauta salarial para el conjunto de los trabajadores.
Apuntarán los cañones contra el empleo estatal y tratarán de ganarse a la opinión pública para que el ajuste recaiga sobre la docencia, los trabajadores de la salud y municipales. Los medios de comunicación ya están machacando contra los 100 mil trabajadores del Estado. Pero según datos del Ministerio del Interior, hasta 2017 Tucumán tiene uno de los índices más bajos de empleados públicos (55) por cada mil habitantes y una de las remuneraciones más bajas del país.
Las conducciones sindicales han dejado pasar el primer ataque contra los salarios y se preparan para negociar la paritaria sin dejar de disciplinarse a las exigencias del gobierno y los acreedores. Es necesario unir la fuerza de los trabajadores de la salud y la educación, junto a los municipales y el conjunto de los trabajadores para imponer un verdadero plan de lucha que se proponga derrotar el ajuste.
