Rosario. “La impunidad de las violencias contra las mujeres es producto de una justicia misógina y patriarcal”

En el marco del ciclo de entrevistas de cara al Encuentro Nacional de Mujeres, La Izquierda Diario entrevistó a Analía Aucía, quien es abogada y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Master en Sistema Penal y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona. Cuenta con un Magister sobre el Poder, la Sociedad y la Problemática de Género por la Universidad Nacional de Rosario. Es Doctorada en Derecho y Coordinadora del Programa Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho UNR. También es asesora legal de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe e Integrante del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).

En los últimos años se ha hecho visible un fenómeno masivo alrededor de la problemática de género que comenzó en Argentina con el #NiUnaMenos y se extendió a diversos países como México, Perú y algunos estados europeos como el Español. ¿Por qué considera que surgen estos fenómenos? ¿Qué perspectiva cree que tienen o hacia dónde debería dirigirse la energía del movimiento de mujeres?

Entiendo que la movilización “NiUnaMenos” responde a una mayor visibilización en distintos planos de la vida social de la violencia física contra las mujeres, en particular, en una de sus expresiones más extremas como lo son los femicidios. Este tipo de movilizaciones a las cuales se suman personas de diversos sectores, organizaciones, personas de diversas edades etc. - no sólo las mujeres, organizadas o no -, son novedosos en nuestro país y en nuestra región. Hemos visto en las dos movilizaciones en Argentina participar del Niunamenos a personas o sectores que nunca antes se habían sentido interpelados por la violencia contra las mujeres. Con independencia de la utilización política que muchas personas individuales o sectores hacen de esta movilización, el fenómeno es sumamente interesante porque permite, por un lado, generar mayores responsabilidades en el Estado y hacer visible las deudas pendientes que tienen. Por otra parte, en distintas esferas sociales permite seguir instalando y profundizando el tema en la agenda pública, de los medios de comunicación, de las organizaciones, en las conciencias individuales.

Respecto de hacia dónde debe dirigirse el trabajo del movimiento de mujeres, creo que hay que poder integrar la perspectiva de las diferentes formas de violencia y dejar de ver a la violencia física, de manera general, como la principal y más nociva forma de violencia. Creo que hay que generar espacios de reflexión y estrategias de acción más contundentes, sostenidas, dándole mayor repercusión y visibilización respecto de las formas de violencia simbólica, laboral, institucional, etc. Son estas formas, en particular la violencia simbólica, las que sustentan las formas materiales de violencia - física, sexual, psicológica. En la medida en que los estereotipos de género se sigan reproduciendo y naturalizando, las estructuras patriarcales seguirán gozando de buena salud.

Hay un debate abierto al interior de las organizaciones de mujeres donde se expresan distintas estrategias en la lucha contra el patriarcado. Producto de la brutalidad de los índices de violencia machista y femicidios han ganado lugar aquellas posiciones que ponen el centro de los reclamos en exigirle al Estado que intervenga a través del sistema punitivo aumentando las condenas. En Argentina a partir de la ley 26791 promulgada en el 2012 se establece la prisión perpetua a quien matare a una mujer cuando mediare violencia de género. Contrariamente a lo esperado siguieron aumentando las cifras de femicidios. ¿Cual es su posición respecto de este debate?

Esta lógica es histórica ya que el sistema penal actúa cuando la violencia ya ha sido perpetrada y no logra ni ha logrado nunca evitar que los delitos ocurran. Este tema es interesante pero complejo y excede el marco de esta entrevista. Me centro entonces en pensar la relación entre el sistema penal y la impunidad de la violencia contra las mujeres.

Ninguna figura penal – creada o a crearse - logrará evitar la violencia contra las mujeres. No es el Código Penal ni el sistema represivo el que tiene la posibilidad de generar políticas de igualdad en el acceso a los derechos, de cumplir con las obligaciones que los tratados de derechos humanos imponen a los Estados en materia de políticas públicas para eliminar la desigualdad entre los sexos.

Comprendo que muchos movimientos de mujeres y muchas feministas consideren que ampliar la punibilidad – sea con mayor penalidad o con nuevas figuras – sea un camino de lucha. No comparto esa posición, más bien creo que a los sectores de gestión estatal les resulta conveniente ese planteo ya que no cuesta mucho, por no decir, nada, legislar incorporando nuevas figuras como las de “femicidio”. ¿Cuánto cuesta en términos económicos y de compromiso y transformación de las políticas públicas, sancionar una ley agregando conceptos y penas en el Código Penal? En cambio, ¿cuánto cuesta implementar políticas de derechos humanos con perspectiva de género, integrales, sostenidas en el tiempo, a través de planes y programas federales, obligatorios para todas las provincias? La cárcel no hace mejores a las personas, por decirlo rápidamente, no resocializa ni hace reflexionar a las personas sobre lo que hicieron, porque las cárceles, sobre todo las argentinas, son trituradoras de personas, producen una violencia descomunal. Por eso, no tengo expectativas en el sistema penal como modo de reducir ni de eliminar la violencia contra las mujeres. Eso no quiere decir que el derecho penal, con sus penalidades, no deba aplicarse, desde el momento en que es el único sistema con el que contamos. Además, el derecho y el sistema penal tienen el efecto simbólico de mostrar y presentar públicamente lo que una sociedad considera graves vulneraciones a los derechos. Por otra, la impunidad de las violencias contra las mujeres, cada vez más extendida lamentablemente producto de una justicia misógina y patriarcal como la que tenemos, envía el mensaje de que la violencia contra las mujeres es tolerable, según lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Usted tiene una cátedra optativa en la Facultad de Derecho de la UNR sobre “Género y Derechos Humanos”. ¿Cuales son los objetivos de esta asignatura? Como abogada y siendo parte del equipo docente de la Facultad de Derecho ¿qué valoración tiene del tratamiento que la carrera hace sobre los derechos de las mujeres?

La asignatura tiene un objetivo general que es desarrollar herramientas y perspectivas jurídicas con perspectiva de género y de diversidad sexual de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales de derechos humanos en dichas temáticas y en relación con las asignaturas de la curricula de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho. En cuanto a los objetivos específicos, la cátedra se propone potenciar las capacidades del ejercicio profesional de la abogacía respecto de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en relación con los derechos relativos a la diversidad sexual, intentando visibilizar las desigualdades culturales relativas a la construcción de género. Por último, otro objetivo fundamental es fortalecer los procesos creativos entre lo personal y lo social a fin de posibilitar a la construcción de una conciencia crítica colectiva en derechos humanos respecto de los principios de igualdad, diferencia, no discriminación.

Respecto de la carrera de Derecho, se notan muchos avances en cuanto a actividades académicas y de extensión, en cuanto a derechos de las mujeres. Hay cada vez más docentes y estudiantes con compromiso manifiesto en esta área, sin embargo la transversalización de la perspectiva de género es una deuda pendiente que requiere de mucho trabajo, procesos de sensibilización y decisiones de carácter más integral.

¿Cómo ve la implementación del Procedimiento Contra la Violencia de Género en la universidad? En la facultad de Ingeniería hubo una denuncia de una trabajadora hacia su superior por acoso sexual y laboral, ¿qué respuesta están dando las autoridades de la facultad ante esto?

La implementación de un protocolo de violencia de género en la universidad también es una deuda pendiente. No obstante, hay que señalar que se están dando pasos importantes en el marco de un trabajo de articulación sostenido que venimos llevando con varias docentes, investigadoras y graduadas. Existe un protocolo en la universidad que aborda varios tipos de violencia, en particular la que se desarrolla en las escuelas de enseñanza media dependientes de la universidad, pero no tiene perspectiva de género. Sobre ese aspecto estamos trabajando, aunque creo que es muy probable que podamos conseguir avances más rápidos en el marco de cada unidad académica, como ya se hizo en la Facultad de Derecho, Ciencia Política y RRII y Humanidades y Artes.

En la situación de denuncia que realizó una investigadora de la FCEIA hacia su jefe, hemos participado y estamos al tanto del caso. En este momento, la denuncia por acoso que se realizó en sede administrativa está siendo llevada por la asesoría jurídica de la Universidad. En general, desde mi punto de vista, hay diversos procesos en la FCEIA para abordar la temática de género, con algunos acuerdo más, con otros menos, sin embargo, creo que es positivo que se haya instalado el tema, que esté funcionando una comisión con docentes, estudiantes, graduado/as que estén comprometida/os con la temática.

¿Qué opina del caso de Belén y el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo?

El caso Belén es una muestra más de la existencia del patriarcado más virulento en los órganos estatales, sumado al ejercicio autoritario y despótico de quienes están en un lugar de poder, de jerarquía y se aprovechan de la impunidad que les da el entramado de poder para sancionar y disciplinar a las mujeres en los estereotipos sexistas de la maternidad. Lo que el efector de salud y la justicia tucumana hicieron con Belén es medieval: se desconocieron absolutamente todas las normas, se ejerció un poder absolutamente sujetado a la ideología, a los valores de todos quienes tuvieron la posibilidad de decidir. Hace tiempo que venimos diciendo que la penalización del aborto, cualesquiera sean sus causas, es una forma de castigar a las mujeres pobres solamente, es decir, el sistema de salud y el penal sólo recaen sobre las mujeres que llegan a los hospitales o centros de salud pública, o sea las mujeres pobres o con menores recursos. Quien puede pagarse una práctica de interrupción del embarazo lo hace en lugares seguros y a resguardo de la persecución penal. Por eso es imprescindible que el Estado argentino apruebe el proyecto de despenalización del aborto que se ha presentado nuevamente en el Congreso de la Nación este año. Este proyecto, producto del consenso del movimiento de mujeres, es un instrumento que permitirá eliminar poco a poco los modos represivos e ilegales que implementan quienes están en contra de que las mujeres accedan a gozar de los derechos reproductivos, en particular, a decidir sobre su propio cuerpo en relación con la posibilidad o no de ser madres y cuándo serlo. En este sentido, Argentina debe cumplir con las recomendaciones que le fueron emitidas, también este año, por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en cuanto a descriminalizar el aborto y hacer accesible el goce de los derechos reproductivos.

Para finalizar, este año Rosario nuevamente es sede del XXXI Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cuales son los debates que considera que tienen que estar presentes en este nuevo Encuentro?

Los debates que considero que tienen que estar presentes tienen que ver con temas puntuales, tales como la interrupción del embarazo, el acceso a los derechos laborales en condiciones de igualdad, la paridad política en el ejercicio de todas las funciones de gobierno, la reflexión sobre la violencia simbólica, pero también deben estar presentes debates sobre los modos de articulación entre los movimientos de mujeres y otros sectores, en la búsqueda de estrategias y acciones conjuntas, tratando de superar las diferencias que, si bien son relevantes en cuanto a los modos de entender los proyectos políticos de país, la defensa de los derechos de las mujeres requiere una mayor consolidación y unidad de mujeres, varones y otras identidades, como camino casi inevitable para fortalecer las conquistas y ampliar el ejercicio de los derechos en la materialidad de la vida de las mujeres.