CÓRDOBA / ENCUENTRO POR EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR. Las docentes frente a la Educación Sexual Integral

En una nota reciente de La izquierda Diario, señalábamos algunas cuestiones relativas al estado de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en la Argentina, a propósito de la “triple consigna” que enmarca el debate sobre derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Pensar el problema de la implementación de la Ley nº 26150 implica no sólo dar cuenta de los obstáculos institucionales para el avance de la propia ley, sino atender a las propias condiciones de vida de aquellos agentes que van a llevar adelante, en las aulas y las escuelas, los contenidos de la ESI.

Resulta oportuno, por lo tanto, dimensionar que cerca del 90 % de quienes desempeñan tareas relacionadas con la educación son mujeres. ¿Por qué? Porque son ellas mismas víctimas de aquello que la educación sexual integral busca desterrar: la violencia machista bajo su ropaje económico, psicológico, simbólico, físico o sexual.

Ellas mismas, como trabajadoras, tienen que lidiar con los bajos salarios que percibimos como mujeres precarizadas por los gobiernos y las patronales privadas. Cualquier docente tiene una jornada laboral que excede las horas de clase: corrección, preparación de actos escolares, salidas didácticas, planificación de actividades y contenidos son sólo algunas de las tareas que ocupan nuestros días. A las mujeres se nos agregan diariamente entre cuatro y seis horas de tareas domésticas, consideradas por el mandato patriarcal como responsabilidades “naturalmente” femeninas. Esta realidad limita el tiempo que podemos dedicar a la capacitación con perspectiva de género o a preparar una discusión profunda los y las estudiantes.

¿Acaso la “doble jornada” no cuenta a la hora de pensar las posibilidades de llevar a las aulas la Educación Sexual Integral? ¿Acaso la ESI no nos debería permitir también a las docentes revisar nuestras propias condiciones de vida y de trabajo, y los estereotipos que se encarnan allí? Quizás encontremos en este “detalle” uno de los motivos por los cuales a los gobiernos no les preocupa demasiado que se aplique o no la ley de Educación Sexual Integral. Las docentes, como mujeres y como trabajadoras, tenemos derecho de cuestionarnos todo en nuestras vidas, empezando por cuestionarlos a ellos como patrones por garantizarnos salarios y condiciones de trabajo miserables.

Pero la cuestión no queda allí. Muchas compañeras docentes enfrentan directamente violencia psicológica y/o física de sus parejas o ex parejas. En estos casos se suma la violencia por parte de las instituciones educativas, ya que el trámite para obtener una licencia por violencia de género es extremadamente dificultoso. Inclusive pueden sufrir persecución laboral por parte de las patronales de las escuelas de gestión privada, en su mayoría confesionales. Hace unos meses, en la legislatura de Córdoba, denunciamos que un año después de votada la ley nº 10318 que permite licencias por violencia de género, no existía un formulario adecuado para solicitarla.

Se vuelve evidente que la pelea por la efectiva implementación de la Educación Sexual Integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, no es sólo una pelea como mujeres por nuestros derechos, junto al movimiento estudiantil y los sectores populares. Nuestra lucha como mujeres contra toda forma de la violencia machista es una pelea contra los gobiernos, las patronales, la Iglesia, la Justicia y todas las instituciones que hacen de la discriminación por nuestra condición de género un gran negocio, mientras nos mantienen como las más oprimidas entre los explotados.

Por eso, necesitamos poner de pie un feminismo con perspectiva de clase. Jamás nos regalaron nada. Que la organización para arrancarles este derecho surja desde cada lugar de trabajo y estudio, porque como venimos aprendiendo también las trabajadoras de la educación, ahí está nuestra fuerza.