El vicegobernador y presidente de la legislatura Osvaldo Jaldo declaró que estaba buscando consensos con Fuerza Republicana para para una adecuación de la Ley Micaela. Hoy se determinará que proyectos llegan al recinto. Tucumán es la única provincia del país que aún no adhirió a la norma
Martes 12 de mayo de 2020 10:41
En una entrevista para el programa “Panorama Tucumano” de LA GACETA, el vicegoberndor de la provincia, Osvaldo Jaldo, adelantó cual sería el tratamiento de la ley Micaela en Tucumán: “La ley Micaela forma parte del próximo temario. Sí, me pueden decir que se demoró, pero ya tenemos la ley que promulgo el poder ejecutivo” (en alusión a la ley de emergencia en violencia de género que aprobó Manzur hace unas semanas). “Pero guarda, que a la Ley Micaela también hay que consensuarla. Nosotros hemos puesto a nuestro presidente del Bloque, Roque Álvarez, para que con representantes de Fuerza Republicana busquen el consenso, porque nosotros entendemos que todos podemos aportar”.
Ante la repregunta del periodista, sobre si Tucumán entonces crearía una normativa propia el mandatario confirmó: “hay que ver si se hace una ley adecuada a lo que hace la Provincia de Tucumán”. Recordemos que la ley Micaela se presentó en mayo de 2017 en homenaje a Micaela García, militante del movimiento de mujeres que fue víctima de femicidio ese mismo año. El proyecto luego de estar más de un año cajoneado, se aprobó en diciembre de 2018 tras la indignación del fallo que tuvo la justicia por el femicidio de Lucia Pérez.
Desde ese momento hasta ahora, Tucumán es la única provincia que no adhiere a la normativa nacional, hasta hace unos días que volvió a ponerse en debate.
Es Tucumán, no lo entenderías.
Los aliados de Alberto Fernández en Tucumán tienen la costumbre de “patear bajo la alfombra” todo lo que tenga que ver con derechos de las mujeres o las personas LGTB, o como dice el Gobernador Juan Manzur “tenes que poner a alguien que escuche y luego hacemos lo que nosotros queremos”.
A pesar de que algunos miembros de la cartera y funcionarios como María del Carmen Carrillo de la Secretaría de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Gabriel Yedlin quieran mostrar un sesgo progresista en el peronismo local, la realidad habla por sí misma.
Tucumán no adhiere a la Ley de Salud Sexual Integral. Tampoco reglamentó la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Tucumán es la provincia que obligó a parir a una niña de once años ¿y a cuántas más?, que encarceló a una mujer que sufrió un aborto espontáneo y que liberó a los proxenetas que secuestraron a Marita Verón. Tucumán es la provincia donde los policías violan y torturan de manera impune a mujeres trans como le paso a Celeste. Tucumán es la provincia donde el vicegobernador peronista se sienta con el partido del hijo del genocida Bussi a “consensuar” la Ley Micaela, porque según palabras de Jaldo “todos podemos aportar”.
“La Ley Micaela prioriza el adoctrinamiento ideológico por sobre la real protección a las mujeres”, dijo Nadima Pecci al respecto de este debate. Y más allá de haber sido repudiada por varios sectores políticos, en el día de hoy el bloque peronista se dispuso a debatir un dictamen de consenso que incluiría, entre otras cosas, la no obligatoriedad de la norma. Una suerte de “objeción de conciencia” para quienes consideren que la perspectiva de género ataca sus creencias religiosas.
Este lunes, distintas organizaciones de mujeres, muchas nucleadas en el colectivo Ni Una Menos, realizaron una presentación a la legislatura exigiendo la inmediata adhesión de la provincia a la ley Micaela, sin demoras ni modificaciones.
Sobre este punto la referente de la izquierda Alejandra Arreguez, militante de Pan y Rosas y participante del espacio Ni Una Menos, declaró: “¿Hasta cuándo los sectores antiderechos y fundamentalistas de las iglesias católicas y evangélicas van a seguir decidiendo sobre la vida de las mujeres en la provincia? Yedlin salió a rechazar el proyecto del bussismo pero los que definen los votos es el bloque oficialista de su propio partido. Usan nuestros derechos para hacer demagogia”.
Y agregó: “La conclusión que reafirma todo esto es la importancia enorme de la organización de las mujeres y disidencias y la lucha independiente de este y de todos los gobiernos. María del Carmen Carrillo recibe a las organizaciones y promete cosas, pero no dice una palabra de las trabajadoras del Observatorio de la Mujer que denuncian que no les pagan desde 2019 y que están precarizadas. No tienen cara. Acompañamos la lucha por la adhesión de la provincia a esta ley, que si llegase a ser aprobada será gracias a la movilización independiente de miles de mujeres en estos últimos años, ahí está nuestra fuerza. Mañana se realizará un tuitazo nacional y este jueves estaremos presentes en la puerta de la Legislatura para reclamar que sin demoras ni modificaciones, queremos la Ley Micaela ya”.
