El legislador Regino Amado presentó un proyecto que lleva firmas del oficialismo y la oposición. Ayer el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, había anunciado la búsqueda de consensos con todos los sectores.
Miércoles 13 de mayo de 2020 14:50
Hace unos días el vicegobernador y presidente de la legislatura, Osvaldo Jaldo, había anunciado la búsqueda de consensos con sectores de la oposición que se han manifestado en contra de la adhesión de la provincia a la Ley Micaela. El día de ayer ingresó en la legislatura tucumana un nuevo proyecto con firmas de los legisladores Regino Amado (Frente de Todos), Sandra Mendoza (Frente de Todos), Víctor Deiana (Frente de Todos), Walter Bernarducci (Juntos por el cambio) y Raúl Albarracín (Juntos por el cambio).
La llamada “búsqueda de consensos” por el vicegobernador no es más que la habitual costumbre de negociar, o mejor dicho, ceder terreno a las Iglesias y los grupos fundamentalistas.
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El peronismo en el gobierno, la iglesia al poder
Los puntos más polémicos del proyecto son el artículo 2 y el artículo 6, el primero dice: “Art. 2° - La oferta de capacitación sobre la violencia contra la mujer no será exclusiva de los Poderes del Estado provincial ni de sus reparticiones o entes descentralizados, por lo que los empleados y/o funcionarios públicos podrán capacitarse en materia de violencia contra la mujer en la institución, establecimiento o ámbito académico público o privado de su libre elección siempre que comprenda los objetivos de lucha establecidos en esta ley y que puedan acreditar haberla cumplimentado ante del poder del Estado para el que presta servicio.” Eximiendo al estado de la capacitación e indicando que ésta podrá ser implementada por “establecimiento o ámbito académico público o privado de su libre elección”, ¿esto significa que la iglesia podría dictar sus propias “capacitaciones”?, que a nadie le sorprenda si esto sucede.
El articulo 6 directamente les permite no capacitarse si no quieren: “Art. 6° - Los destinatarios de la capacitación tendrán pleno derecho constitucional a la objeción de conciencia ante la capacitación, sin restricción de ningún tipo. Los poderes del Estado no podrán, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, disponer un registro de objetores, ni requerirse objeción previa y cristalizada en declaración jurada o de objeción, ni sufrir sanción alguna por objetar conciencia ante la capacitación ya sea ésta impartida por el Estado o por cualquier otra institución, establecimiento o ámbito académico elegido”. Esto significa que los Legisladores que así lo deseen, podrán declararse “objetores de conciencia” y no recibir capacitación alguna.
Con la excusa de una supuesta “idiosincrasia” local, el peronismo tucumano sigue dando vía libre para que la iglesia obstaculice los derechos de las mujeres y las personas LGTB.
Demagogia
Esta mañana en el programa matutino “los primeros”, Ricardo Ascarate, legislador de la UCR declaro que “el rechazo a la Ley Micaela es una señal de atraso”, y confirmó su voto positivo para la adhesión, en el mismo tono hicieron declaraciones ayer el legislador Carlos Cisneros, la funcionaria Carolina Vargas Aignasse, o el Diputado Pablo Yedlin, estos últimos tres del oficialismo, hasta el propio Gobernador Juan Manzur publico el día de hoy en su cuenta de Twitter que apoya la adhesión, dejando a los derechos de las mujeres en medio de la interna del peronismo.
Si finalmente la provincia adhiere a la Ley Micaela será gracias a la persistencia de su familia y al movimiento de mujeres, que al grito de Ni Una Menos puso a miles en las calles y en la agenda pública el debate por los derechos de las mujeres. Será un avance pero no puede dejar de mencionarse que es el mismo Estado que ahora propone “autocapacitarse” el que perpetúa y reproduce diariamente innumerables hechos de violencias y vejaciones a cientos de mujeres y lesbianas, gays, travestis y trans. Los impedimentos profundos y materiales para superar situaciones de violencia de género en la provincia se profundizarán con el ritmo de la crisis económica y social.
Se hacen más actuales que nunca la definitiva separación de la Iglesia y el Estado, los reclamos concretos de construcción de refugios, subsidios, y contratación en condiciones estables de trabajadores que asistan en esta problemática, como plantean los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, en el proyecto de Ley “Plan Nacional de Emergencia en Violencia hacia las Mujeres”
