En mayo de 2007 los trabajadores de Mafissa tomaron la fábrica durante 42 días por aumento salarial y la efectivización de los contratados. Su experiencia de organización frente a una patronal golpista.
Lunes 27 de junio de 2016
El año 2007 marcó los primeros síntomas de agotamiento del “modelo K”. Los salarios reales dejaron de crecer comidos por la inflación, las patronales se mostraron más ofensivas contra los trabajadores y las viejas direcciones sindicales intentaron disciplinar a la vanguardia más combativa de los obreros atacando su organización y resistencia. En la región se dieron algunos conflictos del cual el más importante, por la contundencia de sus acciones, el tiempo que se prolongó, y la experiencia de organización y politización fue el que se desarrolló en la fábrica Mafissa (ExPetroquímica Sudamericana).
Mayo de 2007: Los 42 días de toma de la fábrica
Durante la pelea por la efectivización de los contratados, las mejoras en las condiciones de trabajo y el aumento salarial, después de tres días de paro de los trabajadores en cada turno, la empresa paralizó la fábrica, haciendo en los hechos un “lockout” (cierre patronal). Los obreros respondieron con el método que ya los había hecho fuertes: la asamblea de base. En esa instancia resolvieron que ninguno se iba a mover de la planta y comenzaron a organizarse.
La bronca contra la patronal fue el combustible que los llevó a emprender la organización del conflicto rápidamente, mientras el Jefe de Personal, “el rengo” González, abandonaba la planta custodiado por la policía y la fábrica quedaba bajo el control de los obreros. Muchos trabajadores tomaron tareas es sus manos: comenzaron la organización del fondo de huelga, la comisión de prensa, y la defensa, porque la patronal había mandado a la infantería. Las experiencias de otros conflictos se transmitían de boca en boca y el “fantasma” de la exZanón (FaSinPat) comenzaba a circular por los pasillos de la fábrica.
Luego de 42 días de toma de la planta el conflicto finalizó con un aumento del 32%, cuando el tope salarial, en ese momento, era del 16%. Lograron efectivizar a casi todos los trabajadores contratados, exceptuando a 23 de ellos que no cumplían todavía con los meses de período de prueba. Un sector de los obreros fue suspendido pero continuó cobrando su salario y acordaron con el Ministerio de Trabajo que los trabajadores ingresarían paulatinamente a cumplir sus tareas.
“Ahí nos equivocamos en no poner una fecha de ingreso (…) la empresa no iba a querer cumplir con ninguno de los puntos. Sabíamos que la patronal iba a atacar nuestras conquistas y avanzar con el desafuero de la interna, por lo cual, nos tenía que encontrar organizados”, dice Hernán García ex delegado de la Comisión Interna de la fábrica.
“No somos esclavos”
En septiembre de ese año, decidieron bloquear el portón de entrada a la empresa porque la patronal seguía sin presentar un cronograma de entrada para los trabajadores suspendidos y quería imponer una mayor reducción del personal, centralmente despedir a los obreros que estaban “rotos” después de años de trabajo con altísimos ritmos de producción y realizaban “tareas adecuadas”. La Comisión Interna se mantuvo firme: readecuación de tareas para los trabajadores con problemas físicos y reincorporación de los suspendidos en secciones de trabajo de la planta, cubriendo los lugares en el que faltaba personal.
“Había quedado muy áspera la relación con la empresa, pero los trabajadores habían tomado una posición firme. Cada trabajador tenía que operar una máquina y no hacer el trabajo de 2 o 3 compañeros, planteando que “no eran esclavos”. Al tener tantos frentes abiertos no podíamos encarar una cosa de lleno teníamos que resolver lo de las paritarias que iban a incrementar el salario, las medidas de seguridad e higiene, etc.”, relata Hernán.
Al poco tiempo la empresa paralizó nuevamente la planta, dio vacaciones masivas y presentó un preventivo de crisis que justificaría los 103 despidos que la patronal efectuó el 26 de noviembre de 2007.
La organización previa y los tiempos de la política
Los 42 días de toma reflejaron el trabajo de organización previo que había hecho la Comisión Interna utilizando la asamblea como método de discusión y decisión de las medidas de lucha, frente a la desmovilización y división que siempre había impuesto la Comisión Interna anterior, ligada a la burocracia de la Organización Obrera Textil (AOT). Discutían más a fondo y avanzaban políticamente.
Los trabajadores comenzaron a prepararse para una etapa más difícil del conflicto. Antes que la patronal despidiera masivamente en noviembre, habían conseguido que el Ministerio de Trabajo dicte una resolución que planteaba que la empresa Mafissa había violado todos los “principios de buena fe” que tenían que existir para celebrar los acuerdos, y por eso luego, el Ministerio dictó la conciliación obligatoria.
La minuciosa organización de los trabajadores mostró maduración política porque comprendieron la necesidad de la organización previa para poder llevar adelante todas las medidas que decidieron. Sabían que se enfrentaban a una patronal profundamente antiobrera, que iban a un conflicto largo y debían preparase. Por eso mismo tenían que poder medir los tiempos políticos para enfrentarla: cuándo la empresa puede atacar a los trabajadores, saber cuál es el mejor momento para tomar distintas definiciones con respecto a las medidas de lucha para que el conflicto triunfe.
“Si tomábamos la fábrica en noviembre con todos los trabajadores de vacaciones, la base no iba a aguantar todo ese tiempo sin cobrar, por eso fue una decisión consiente la que votó todo el activismo. En asamblea decidimos que los despedidos se quedaran afuera y que el sector más combativo le hiciera el aguante, teniendo una relación constante con ellos, pero sin tomar la fábrica, porque sabíamos que Curi podía mantenerla parada hasta febrero”, cuenta Hernán.
El conflicto en la fábrica Mafissa en el 2007 - 2008 fue el más importante en la región de La Plata, Berisso y Ensenada luego del intento de privatización de Astillero Río Santiago en los 90. Se dio durante un momento de fortaleza del gobierno de Cristina Fernández y de desarrollo del fenómeno del “sindicalismo de base”. La confrontación de la vanguardia combativa de la fábrica con la patronal golpista y antiobrera de la familia Curi, la justicia pro patronal, el Ministerio de Trabajo, el gobierno nacional y provincial (en ese momento Daniel Scioli) y las fuerzas represivas dejó jalones de conciencia de clase que fueron llevados por los obreros más consientes a otras fábricas de la región.
