Atrás quedaron las épocas de campañas. Esta semana se anunció una quita salarial a los estatales, mientras se mantiene un esquema para seguir beneficiar a los grandes empresarios.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Sábado 11 de enero de 2020
Rompiendo la sensación de tranquilidad de los primeros días del año, Juan Manzur inició la semana con un paquete de medidas que los estatales interpretaron como una broma de mal gusto en la víspera del Día de Reyes. Con un decreto acuerdo, un artilugio para eludir a la Legislatura, el gobernador dispuso la suspensión de “la revisión prevista para el mes de diciembre” de “los incrementos de los conceptos salariales, conforme a la variación en el nivel general del índice de precios al consumidor”.
La cláusula gatillo, establecida en las paritarias para tres tramos de los sueldos estatales y que iba a ser un aumento del 12% en el haber de diciembre de los 120.000 estatales, quedó como un recuerdo del 2019 corroído por la inflación.
Tras el anuncio, los gremios estatales desempolvaron el “estado de alerta y movilización”, que de movilización no tiene nada y la alerta solo es una nota presentada a Casa de Gobierno. La conducción de UPCN se bajó de la pelea, al aceptar implícitamente la suspensión de la cláusula gatillo a cuenta de un “bono” compensatorio que no existe en los planes del gobierno. El Frente de Gremios Estatales (donde se encuentra ATE) y el Frente de Gremios Docentes (que incluye a ATEP, APEM, AMET) “deliberaron” en un “plenario” a puertas cerradas. Rumbo similar tomó la UDT, otro de los gremios docentes. En la sanidad, ATSA confirmó, como si no era claro, que no iba a tomar medidas de fuerzas; ante el paro con concurrencia a los lugares de trabajo convocado por el Sitas.
La respuesta de los trabajadores
Pero mientras siguen las “deliberaciones” de los dirigentes, la bronca en las bases crece. En el caso de los docentes, un importante número de docentes se movilizaron el martes. La Casa de Gobierno y la sede ATEP fueron los lugares para los reclamos. Ante el cuestionamiento, David Toledo, secretario general, expresó su rechazo a “estas movilizaciones a la fuerza, que van en contra de nuestro estatuto”.
Al día siguiente, los docentes nuevamente se movilizaron y confluyeron en la plaza Independencia con un sector de los trabajadores de la salud. Era el cumpleaños de Manzur, muchos lo recordaron y no precisamente para desearle buenos deseos.
El gobierno reafirmó que no dará marcha atrás con la medida. El camino iniciado por los docentes que comienzan a organizarse desde las bases plantea la necesidad de pelear por un plan de lucha provincial. Esta exigencia a las conducciones gremiales debe ser impulsada desde asambleas, donde entre todos se decida cómo pelear por la cláusula gatillo pero también por las demandas que genera la precarización laboral en el Estado. Con la movilización del conjunto de los estatales, contenida ahora por las burocracias sindicales, sería difícil para el gobierno sostener una medida de ajuste.
¿Quién paga el ajuste?
Con la suspensión de la cláusula gatillo, el gobierno provincial calcula “ahorrarse” $ 800 millones. En octubre del año pasado, Manzur pidió al Banco Macro un préstamo de $ 3000 millones para poder pagar los salarios de noviembre y diciembre. Otro préstamo de $ 5000 millones fue requerido para el pago del aguinaldo. Sin embargo, los estatales denuncian un atraso en el pago de los sueldos y una liquidación incorrecta del aguinaldo, elementos que alimentan el malestar. Hecho el ajuste, la Casa Rosada salió en auxilio de Manzur con $ 1000 millones a modo de anticipo de los fondos de la coparticipación.
Manzur y sus funcionarios justificaron este ajuste con el fin del “equilibrio de las cuentas provinciales”, es decir un ajuste pagado por los trabajadores estatales. Atrás quedaron los discursos de campaña donde, después de cuatro años de macrismo, la realidad para los trabajadores iba a mejorar después del 10 de diciembre.
El gobierno provincial sigue los planteos nacionales sobre una “solidaridad” en donde los “esfuerzos” son solo para los trabajadores. Sigue la lógica que aplicó el gobierno de Alberto Fernández, con el impulso de una ley para quitarle a los jubilados, mientras los bancos, las mineras y las petroleras seguían intactas. Se trata, a fin de cuentas, medidas hechas para recibir el halago del FMI.
Los cientos de millones que Manzur sostiene que hay que “ahorrar” a cuenta de los trabajadores, son los que terminan transfiriendo a los grandes empresarios para apuntalar sus ganancias. Los $800 millones que la provincia le sacó a los trabajadores representan poco menos de la mitad de los subsidios directos que recibieron los empresarios del transporte el año pasado (donde aumentó tres veces la tarifa, incluso por encima de la inflación acumulada).
Mientras se ajusta a los estatales hay patronales que siguen con exenciones impositivas y alícuota cero al impuesto a los ingresos brutos que recauda la provincia. Una de las patronales que se beneficia por esta vía son las del citrus. En contraste con miles de trabajadores, empresarios como Carlos Miguens Bemberg (accionista de la citrícola San Miguel) y los hermanos Daniel y Pablo Lucci (Citrusvil) figuran todos los años en el ránking de Forbes de las 50 personas más ricas del país. Para todos los gobiernos sus ganancias son sagradas e intocables.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda venimos planteando que para que a la crisis no la paguen los trabajadores hay que afectar a las grandes fortunas, comenzando con impuestos progresivos.
Una casta que congela sus privilegios
Para dorar la píldora, el decreto incluye un congelamiento por seis meses de los sueldos de los funcionarios. La misma resolución habían adoptado los legisladores y los concejales capitalinos, y también se replicará en el Poder Judicial.
Esta medida deja expuesta a una casta que cobra sueldos abultados, entre otros privilegios. “Ojalá a mí me congelaran el sueldo, pero si cobrara como un legislador y no como enfermera”, afirmaba una trabajadora en una crónica periodística durante el paro. La comparación con su sueldo de $25.000 clarifica todo. La dieta de los legisladores actualmente es de $131.000, a lo que hay que sumar adicionales como viáticos y disponer de 15 sueldos de $50.000 para asesores y/o empleados directos. Un manejo directo de $750.000 mensuales. Así la legislatura tucumana es la tercera más cara del país.
¿Podrían vivir ellos con nuestros sueldos?, es una pregunta recurrente que se hace los estatales. Contra esta casta, que todo funcionario cobre como un docente es uno de los planteos del Frente de Izquierda, que ya es llevado adelante por Nicolás del Caño y los parlamentarios del FIT.
Tras el ajuste a los estatales, Manzur se fue de vacaciones al Caribe. Las fotos en el aeropuerto, que funcionan como un resumen de la semana, recorren los grupos de Whatsapp y la bronca crece en un conflicto todavía abierto.
