De los 13 pedidos de prisión perpetua por parte de la fiscalía, sólo se condenaron a 9 represores. El juicio abarcó 237 casos de crímenes cometidos en los centros clandestinos instalados en la sede de la jefatura policial tucumana y el Ingenio Nueva Baviera.
Lunes 30 de septiembre 20:50
Este lunes por la tarde se leyó la sentencia en la Megacausa “Jefatura III”, que reunió los casos de 237 víctimas durante la última dictadura militar. Durante más de dos horas se leyó el fallo del Tribunal integrado por Jorge Basbus, Noel Costa y Juan Carlos Reynaga. Por el conjunto de las penas, el fallo dejó disconformes a familiares y testigos.
Se condenó a prisión perpetua a los ex militares Augusto Leonardo Neme, Camilo Angel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, y Mario Miguel Dursi y también a los ex agentes de la Policía de Tucumán Hugo Figueroa, Guillermo Ugarte y Rolando Reyes Quintana.
También fueron sentenciados a 13 años de prisión los ex agentes de policías, Segundo Acosta, Miguel Angel Nieva, Miguel Angel Venturino, Juan Luis Villacorta, Pablo Zarate y Emilio Abec (para este último la fiscalía solicitó 14 años de prisión). El ex policía Ramón Jodar fue condenado a 12 años de prisión (la fiscalía había solicitado 15 años) y Alberto Rivero a 8 años de prisión (la fiscalía había solicitado 10 años).
Mientras que fueron absueltos Luis Edgardo Ocaranza, Ricardo Sánchez, María Luisa Acosta de Barraza, Miguel Ángel Chaile, Olga Aguilar de Porcel y Mario Senco (para todos ellos la fiscalía había solicitado prisión perpetua) y José Roberto Abba (la fiscalía había solicitado 15 años de prisión).
El acusado Manuel Vila falleció el mismo día en que comenzaba la discusión final, y Antonio Vercellone murió el mismo día de la segunda jornada de alegatos del Ministerio Público Fiscal.
El juicio “Jefatura III” comenzó en mayo de 2023 y abordó la tercera parte del universo procesal de la megacausa "Jefatura de Policía de Tucumán", en la que se investigan crímenes de lesa humanidad tuvieron como epicentro los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la jefatura policial tucumana y en las instalaciones del Ingenio Nueva Baviera, cerrado en 1966 por la dictadura de Onganía.
En el alegato de la Fiscalía se remarcó que el 65% de las víctimas eran jóvenes de entre 20 y 39 años, y que un 80% fueron secuestradas de sus hogares familiares, casi todos ubicados en las zonas urbanas tanto de la capital provincial como del gran San Miguel de Tucumán. También puso el foco en que la mayoría de las víctimas pertenecían a tres grupos principales: obreros de la industria azucarera, funcionarios de la administración pública del gobierno depuesto y estudiantes universitarios. En los casos en que tenían militancia comprobada, correspondía a organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles o barriales.
Nuevamente una megacausa muestra el plan sistemático implementado desde el Estado, primero con el Operativo Independencia y luego con la dictadura, y los métodos genocidas utilizados contra trabajadores y estudiantes. Como lo demuestra la utilización del ex ingenio Nueva Baviera como centro clandestino, las patronales fueron instigadoras y facilitaron hasta los ingenios para el plan genocida. Este juicio también se da bajo un gobierno negacionista que busca la impunidad de los genocidas, lo que demanda reforzar la pelea por memoria, verdad y justicia.
