Martes 26 de julio de 2016 10:28
Foto: Durruty
Lo dijo ayer por la mañana en el acto de inicio de zafra en el ingenio azucarero de La Esperanza, en San Pedro de Jujuy. El gobernador Gerardo Morales, no había salido a dar declaraciones luego de la feroz represión llevada adelante el pasado 14 de julio por efectivos de infantería de la provincia, y por orden de la justicia que él mismo diseñó a gusto y semejanza, contra los trabajadores de la empresa Ledesma, quienes habian iniciado una medida de lucha en el marco del conflicto abierto por paritarias y un pliego de reclamos laborales, contra la patronal de los Blaquier.
Varios medios locales se hicieron eco ayer de las declaraciones del gobernador que sigue arremetiendo contra los trabajadores y los sectores populares, y los más elementales derechos democráticos. “Los vamos a demandar penalmente. Y les vamos a cobrar multa. Cada uno de los que estuvo va a tener que pagar 6 mil pesos” afirmaba en sus declaraciones a modo de mensaje disciplinador y de castigo contra todo aquel que exprese disconformidad o se oponga al plan de ajuste que lleva adelante el gobierno junto al sector empresarial, utilizando el código contravencional puesto en marcha con su gobierno y aprobado por peronistas y radicales durante el gobierno anterior de Fellner - FPV. Jujuy. Morales viola lo establecido por la misma conciliación obligatoria del ministerio de trabajo de la provincia, que acató el sindicato SOEAIL, luego de una semana de medidas de fuerzas, con el compromiso por parte de la administración de la empresa Ledesma de no tomar ninguna represalía contra los huelguistas. El conflicto sigue abierto, y no hubo ningún acuerdo, a pesar de que voceros del gobierno y la empresa den por finalizado.
¿La disputa entre la empresa y el sindicato, la paga el pueblo?
Gerardo Morales no escatima a la hora de hablar en nombre del pueblo jujeño para llevar adelante medidas antipopulares y antidemocráticas que cercena derechos conquistados por los trabajadores y sectores populares. Ahora pretende mostrarse ajeno al conflicto entre los trabajadores, su organización sindical y la empresa Ledesma, cuando sabemos muy bien de qué lado jugó, no precisamente del lado de los trabajadores, ni del pueblo, sino más bien de la patronal de los Blaquier. Por eso el accionar policial, que responde a su gobierno, fue contra los trabajadores que ejercían el derecho a huelga, y si tuvo trascendencia, fue gracias a las redes sociales utilizadas por los trabajadores, el sindicato, y el mismo pueblo ledesmense, sumado al accionar inmediato de organismos de DDHH, organizaciones sociales y políticas.
A pesar de que Morales ataque al pueblo trabajador, sigue hablando en nombre del mismo, también para arremeter en contra el accionar del fiscal federal Batule que no actuó como el ejecutivo pretendía, dictando una orden de desalojo a favor de la empresa y en contra de los trabajadores “La falta de acción del fiscal federal fue patética, lamentable; estamos evaluando el accionar de la justicia federal, y al que no actúe bien lo vamos a demandar penalmente, los jujeños estamos hartos de los cortes de ruta" afirmó el gobernador.
El ataque a los trabajadores y sus familias son causas populares
Lo que no mide el gobierno de Morales y Haquím es que sus acciones antiobreras y anti populares no tienen el mismo respaldo que tenían a principios de año con la detención ilegal de MIlagro Sala por protestar y los integrantes de su organización social. Por eso fue masivo el repudio a la represión a los obreros de Ledesma como así también el apoyo al pueblo de Libertador a las medidas que llevaban adelante, como así también, fue un hecho trascendental la unidad generada entre los obreros, sus familias, y sectores de organimos de DDHH, organizaciones sociales y políticas, locales y nacionales, que finalizaron la marcha a 40 años del Apagón de Ledesma, junto a los obreros en lucha y sus familias en el corte de ruta nacional 34.
Ayer, los obreros del ingenio La Esperanza abuchearon al gobernador Morales en el acto de inicio de zafra que pretende vender 800 despidos como parte de un plan de reconversión productiva, y es también masivo el apoyo de las familias obreras de La Esperanza y San Pedro ante los inminentes despidos. ¿Será por eso que Morales arremete con una feroz campaña mediática contra los obreros y avanza en la criminalización de los mismos para romper el apoyo popular generado?
Estas muestras de unidad y la movilización en las calles, son las necesarias para desarrollar y seguir fortaleciendo para torcer el brazo al régimen policíaco de Morales y Haquím, y que esta causa, como es la defensa de los derechos democráticos conquistados, las luchas obreras en curso, la libertad de los presos políticos, contra la criminalización de la protesta y el código contravencional, un causa de todos los trabajadores y sectores populares de la provincia y del país.
