A propuesta del Gobierno nacional y con el aval de la oposición, el Senado nombró quince jueces y defensores públicos. Entre ellos, al otrora fiscal Sebastián Foglia como juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Su apuesta por la impunidad ante el femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso fue fundamental en ese caso.
Domingo 7 de febrero de 2021 13:18
El Senado tiene la potestad de aprobar los pliegos de nombramientos de jueces. Se trata del órgano legislativo que más subrepresenta a las mayorías populares, donde más peso tienen los gobernadores, las iglesias y los terratenientes. Una institución reaccionaria y antidemocrática.
El pasado jueves finalmente se trataron en la Cámara alta varios de los pliegos presentados por el Poder Ejecutivo para el nombramiento de jueces y defensores públicos. La oposición solamente se opuso al nombramiento del juez Alejo Ramos Padilla y votó a favor del resto (por mucho que a Clarín y otras empresas de medios les gustaría inventar una épica batalla por una "justicia independiente", aunque claramente no es el caso).
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Entre los nombrados, como juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca se encuentra Sebastián Foglia. Este funcionario era fiscal titular de la UFI 10 de Bahía Blanca y fue el fiscal interviniente en los primeros días, decisivos, de la investigación del femicidio de Katherine Moscoso en la localidad de Monte Hermoso. Hay denuncias contra él por su accionar a favor del encubrimiento por parte de la familia de Katherine Moscoso y su abogado, el doctor Leandro Aparicio.
Katherine Moscoso era una joven de 18 años con retraso madurativo. El 16 de mayo de 2015 su cuerpo apareció enterrado en un médano luego de una semana de intensas búsquedas. Había sido enterrada viva.
Según las pruebas colectadas en la instrucción, Katherine fue vista por última vez en un boliche denominado Arenas, en compañía de Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del entonces intendente de Monte Hermoso y con tres patovicas del mismo, contrariamente a lo expresado en sus declaraciones.
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El fiscal Foglia, a una semana de la desaparición de Katherine y antes de que se hallara su cuerpo, se encargó personalmente de proveer a las empresas de medios de pistas falsas, como una supuesta comunicación por Facebook donde decía que "no quería volver más a Monte Hermoso". Comunicación que nunca existió y tenía como único fin desviar la investigación.
"Creemos que en Monte Hermoso no está, el balneario fue dado vuelta", había dicho el fiscal a La Brújula 24. "La última vez que la vieron fue el viernes a la tarde caminando libremente, por lo tanto creemos que esto no tiene que ver con la nocturnidad ni que la hayan secuestrado", agregó Foglia. Al poco tiempo apareció el cuerpo de la joven en un lugar que ya se había rastrillado.
Como si esto no fuera suficiente, Foglia es denunciado por obviar evidencia concreta acerca de la participación e instigación de empleados municipales y punteros políticos afines al oficialismo de Monte Hermoso en varios incendios sincronizados a distintos edificios (Comisaría, Centro de Monitoreo, etc.) junto con una camioneta con ADN de Katherine, en los que se perdieron pruebas fundamentales.
Entre los pliegos de jueces que aún no han sido nombrados se encuentra también el del siniestro juez del Tribunal en lo Criminal N° 3 Alfredo D’Empaire, uno de los tres firmantes del fallo que condenó a Rosalía Reyes a ocho años de prisión. En palabras de la abogada de Rosalía, fue condenada "por ser mujer y ser pobre", ante la muerte de su bebé luego de un parto sumamente riesgoso, signado por una precariedad extrema.
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En ambos casos, en diciembre de 2020 intercedió la Comisión Provincial por la Memoria, presentándose como amicus curiae en el caso de la aberrante condena a prisión a Rosalía y contra el accionar de la fiscalía en el caso de Katherine Moscoso, en un documento firmado, entre otros, por el presidente del organismo Adolfo Pérez Esquivel.
Desde espacios que acompañan la Campaña por la Absolución de Rosalía Reyes y que han acompañado a la familia de Katherine Moscoso se hicieron llegar en ese momento dos cartas, encabezadas por las firmas de Nora Cortiñas y Dora Barrancos, a los jefes de bloque de senadores, a la presidencia del Senado y a la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, acompañadas en simultaneo por la Comisión Provincial por la Memoria, contra el nombramiento de estos dos enemigos declarados de las mujeres como camaristas federales.
Pero todo esto fue respondido con el argumento burocrático de que esas presentaciones fueron realizadas fuera del tiempo administrativo permitido. Éste es un nuevo ejemplo del carácter reaccionario de la casta judicial, elegida a dedo por el Senado y el Poder Ejecutivo, con sueldos y jubilaciones de privilegio y que conforma todo un monumento al servicio del poder, la impunidad y la opresión patriarcal.
