Una vez más las patronales del transporte suspenden los pagos salariales para presionar por subsidios. En Tucumán se encuentran en abierta violación a la ley provincial que las obliga a direccionar los subsidios al pago de haberes. La UTA debe convocar asambleas y un plan de lucha por una salida de fondo.
Jueves 2 de julio de 2020 10:46
Desde ayer a la tarde los choferes de transporte de pasajeros están de paro en todo el país. Reclaman parte del salario adeudado y el pago del aguinaldo.
La decisión se adoptó al fracasar en la tarde de este miércoles una audiencia entre el Consejo Directivo Nacional de UTA, empresarios de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP) y funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación.
Desde la FATAP vienen reclamando al gobierno nacional aumento de subsidios para las empresas del interior que, denuncian, reciben "tan solo un 17 % de la coparticipación nacional" y amenazan con despidos asegurando que está "en grave riesgo la continuidad de casi 40.000 puestos de trabajo".
En Tucumán los empresarios nucleados en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), reciben cerca de 3000 millones de pesos en subsidios de la nación y de la provincia. Ahora, además, piden ingresar al programa nacional de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que subsidia el 50% del salario de las empresas afectadas por la cuarentena.
"Podría ser una de las grandes soluciones como recibieron muchas Pymes. Las Pymes de transporte lo necesitamos para que sea un puente hasta enero, cuando se anunciaría el nuevo esquema de subsidios", sostuvo Jorge Berretta, vicepresidente de Aetat.
Para hacer sentir esta extorsión a cielo abierto las patronales del transporte de Tucumán decidieron suspender el pago de los aguinaldos, además de no abonar diferencias salariales que vienen desde diciembre. A pesar de existir una ley provincial que las obliga a direccionar los subsidios (que contemplan sumas extraordinarias por el pago del sueldo anual complementario) para el pago de los haberes de choferes como primera prioridad.
Recordemos que esta ley provincial fue promulgada por el gobierno, como un intento de evitar las reiteradas amenazas de "rescisión de contratos", "provincialización del servicio" y otras amenazas que hicieron circular. Finalmente terminan cediendo a la presión empresarial para desembolsar más recursos a un puñado de empresarios que monopolizan el servicio público de transporte y consiguen tarifazos y subsidios sin siquiera abrir sus libros contables.
La UTA debe convocar asambleas y un plan de lucha
En su comunicado nacional la UTA se hace eco del reclamo de los empresarios al afirmar que existe un “tratamiento diferenciado e inequitativo cada vez más acentuado en relación a la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires y la apacibilidad y/o el desconocimiento de los gobiernos provinciales a la problemática”.
Pero el pago de los salarios a los trabajadores no puede quedar supeditado la entrega de subsidios a los empresarios del transporte. Es justamente el mecanismo que usan las patronales para presionar por mayores beneficios sin rendir cuentas a nadie.
Por abajo la bronca de los choferes ya se empieza a sentir, como en Córdoba, donde trabajadores autoconvocados le impusieron un paro de hecho a la UTA. Allí los trabajadores denuncian que las patronales deben salarios desde marzo, hay trabajo en negro y denuncian la complicidad de los delegados de la UTA. "Son bastantes irregularidades que se vienen cometiendo. Y el problema es justamente que nuestros delegados y secretario gremial no nos comunican de cómo está la situación", afirma uno de los autoconvocados.
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La pelea por el pago efectivo de la deuda salarial debe ser organizada exigiendo a la UTA que organice asambleas en todas las lineas y una gran movilización de los miles de choferes que todos los días hacen funcionar el transporte.
Hay que terminar con el fraude de estos empresarios que no aportan nada al servicio de transporte. Hay que exigir que abran sus libros contables para ver a dónde van a parar los millones de pesos que reciben todos los meses por subsidios y recaudación de pasajes. Es necesario también avanzar hacia la estatización bajo control de trabajadores y usuarios, garantizando a los usuarios un servicio barato y de calidad y a los trabajadores todos sus derechos.
