Fue en la tarde de ayer en el auditorio del Colegio de Abogados.
Miércoles 27 de julio de 2016 01:00
Bajo el título: “La situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: Un estado de la cuestión de América Latina” expusieron Soledad Deza abogada defensora de Belén e integrante de Mujeres por Mujeres y católicas por el derecho a decidir, la abogada Fernanda Doz Costa de Amnistía Internacional y Mariana Paterlini, coordinadora del área de género y derechos humanos de Andhes.
Paterlini abrió la mesa con un pantallazo de las luchas de los movimientos sociales y los avances en las conquistas de derechos desde mediados de Siglo XX, haciendo hincapié en las conquistas conseguidas a partir de la lucha del movimiento feminista. Movimiento que no sólo logró conquistas en el plano de lo subjetivo, aportes a nivel de los avances teóricos sino también de conquistas a nivel de derechos, como la legalización del divorcio y el aborto en numerosos países. En Argentina el movimiento de mujeres se hizo más extendido a partir de la vuelta a la democracia. En esos años se organiza el primer Encuentro Nacional de Mujeres, y a partir de esto el movimiento de mujeres en Argentina ha ido creciendo y las mujeres ganando diferentes ámbitos. Sin embargo, aún son numerosas las desigualdades que atraviesan las mujeres, donde las que más sufren son las mujeres que se encuentran bajo una doble opresión: económica, étnica, etc.; como las mujeres de los sectores más empobrecidos, de comunidades indígenas, niñas, etc. Constituyéndose en los sectores más vulnerables en los marcos de una sociedad patriarcal, y clasista.
Por su parte Fernanda Doz Costa, abogada e investigadora de Amnistía Internacional, que junto a las organizaciones que integran la mesa por Belén presentaron 120 mil firmas por su libertad planteó las conclusiones de un informe realizado por la organización (“El Estado como aparato reproductor de la violencia contra las mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe”) que analiza la situación de las mujeres de la región. Entre las conclusiones a las que arriban en el informe, destaca cómo se repite un patrón regional de violencia y tortura hacia las mujeres que acceden al sistema público de salud, a partir de la reproducción del estereotipo que concibe el rol de “mujer Madre” por sobre la decisión de la mujer. Razón por la que el cincuenta por ciento de los embarazos son no deseados, en su mayoría niñas y pobres, que quedan embarazadas producto de la violencia sexual o a la falta de acceso de esos sectores a los métodos anticonceptivos.
Destacó que los Estados cumplen una función clave como “reproductores” de estos estereotipos, con una legislación que es machista, así como también con las prácticas de políticas públicas que incurren en situaciones violatorias de los derechos de las mujeres. Así por un lado se expresan, según dicho informe, mecanismos formales para limitar el acceso a la salud y a la justicia de las mujeres, a partir de la legislación (por ejemplo países como Chile y Perú en donde ni siquiera existe el derecho al aborto no punible en caso de riesgo de vida de la mujer o de violación, o países como en Argentina donde existen tres casos donde el aborto es no punible pero que en general las mujeres son derivadas de un lugar a otro y de una institución estatal a otra), y por otro lado mecanismos informales a través de la intervención perniciosa de grupos de poder (como organizaciones religiosas, o intervención de órganos paraestatales como la cruz roja).
Así también enfatizó en que América Latina es el continente con mayores desigualdades sociales, lo cual tiene sus implicancias en materia de igualdad de derechos.
Soledad Deza, abogada defensora de Belén, empezó analizando como la defensa de los derechos sexuales y reproductivos generan resistencia, ya por que ponen en jaque la falta de autonomía de la mujer. Que en este sentido Tucumán tiene una particular “fragilidad normativa” que, según recalcó, no es una omisión ingenua que la provincia no se encuentre adherida a la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y ello muestra a las claras que no hay compromiso del Estado.
De igual forma responsabilizó al Estado provincial por los baches que hay en la implementación de la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas y en la violación de los derechos que tienen que ver con la autonomía de la mujer
Para Soledad Deza una de las grandes problemáticas a la hora de hablar de los derechos sexuales y reproductivos, es la figura de la “objeción de consciencia” por la cual los efectores de salud se eximen de garantizar los derechos elementales de salud hacia las mujeres, como ser algo tan elemental como brindar toda la información necesaria en materia de salud sexual. Para la abogada esta objeción de consciencia se expresa sólo en materia de aborto, y ello tiene que ver con la privación de elegir sobre la maternidad, y por eso no está legislada la objeción de consciencia en materia de identidad de género o de fertilización asistida.
Tomando como ejemplo la situación de la joven Belén que lleva más de dos años privada de la libertad se refirió a la violación del secreto profesional, que vulnera obligación de confidencialidad que pesa sobre los agentes de salud desde el momento en que se inicia la relación médico paciente. Se refirió al dictamen del ministro fiscal Jimenez que estableció que el fallo es nulo porque es nula la investigación que surge en clara violación al deber de confidencialidad
Refiriéndose al fallo de Belén sostuvo “es un mensaje disciplinador para todas las mujeres” pero que busca criminalizar sólo a un sector de ellas, las que no poseen los recursos para ir a un sanatorio privado. Finalizó su ponencia planteando que las mujeres deben tener el derecho a decidir, deben ser soberanas de su propio cuerpo, que la penalización del aborto no impide que, según cifras oficiales se realicen en el país entre 350 y 500 mil abortos al año, pero que son las pobres mueren, o van presas, y exigió que no haya ni una presa más por aborto y libertad para Belén, destacando la importancia de la participación de más de 40 organizaciones en la mesa para exigir libertad para joven.
