Así lo señaló el pasado 9 de octubre en el Boletín Oficial la resolución 263/2018 que prohíbe la elaboración, importación y fraccionamiento de esta sustancia.
Laura Borse Periodista | @lauraborse
Martes 16 de octubre de 2018 15:57
Se publicó el pasado 9 de octubre en el Boletín Oficial la resolución 263/2018 que prohíbe la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados. Además, a partir de un año entrará en vigencia la prohibición de su comercialización y uso. Hasta ahora, en Argentina, la prohibición de su uso sólo estaba vigente en la producción de peras y manzanas.
Entre los fundamentos para tomar la decisión, el Senasa indica la existencia de sustancias activas -eufemismo de agrotóxicos- respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas. Reafirma también la creciente preocupación a nivel internacional por la producción, uso y comercialización de productos que podrían poner en grave riesgo la salud del ser humano y el medioambiente, y la prohibición del carbofurán a nivel internacional, sumado a la existencia de productos que cumplen la misma función y no resultan riesgosos en su utilización.
Envenenamientos
El año pasado el carbofurán llegó a los medios de comunicación de la peor forma. Rocío, una niña correntina de 12 años murió envenenada tras comer una mandarina inoculada con el veneno “furadán”, cuyo principio activo es el carbofurán, compuesto organofosforado de toxicidad aguda. El uso principal de este tóxico es el control de plagas en plantaciones, sin embargo, su acción no sólo es por contacto para matar insectos, sino que penetra la raíz y hojas de las plantas afectando toda la cadena alimentaria por efecto residual.
Además, es común que los ganaderos lo utilicen para envenenar predadores como pumas y zorros con el objetivo de evitar ataques de estos animales al ganado. Sin embargo, esta práctica común causa mortandad de animales carnívoros, lo que repercute en un mayor desequilibrio ecosistémico. Otra de las consecuencias indeseadas de este tipo de prácticas es el envenenamiento de animales carroñeros como los cóndores andinos, que cumplen una función vital dentro del ecosistema ya que se alimentan de cadáveres, y que se encuentran en una situación de conservación vulnerable.
A principios del año pasado se dio a conocer la muerte de 34 cóndores por el uso de este veneno, lo que generó una rápida respuesta de la comunidad científica para reclamar por mayores medidas de control sobre el uso de estas sustancias nocivas.
Parece que el reclamo social y las exigencias en el cumplimiento de las leyes ambientales en este caso dieron buen resultado y el Estado Nacional finalmente reconoció la peligrosidad e inadecuación del uso de estos tóxicos para la salud humana y ambiental.
