Desde el 1° de enero la Subsecretaría de Capital Humano bonaerense pasó de Economía a la Jefatura de Gabinete. Su personal se mantiene en la incertidumbre total y ya se organiza en asambleas.
Miércoles 28 de marzo de 2018 10:40
El 1° de enero se implementó la nueva Ley de Ministerios de la Provincia de Buenos Aires y allí se comenzaron a dar una serie de problemas para las trabajadoras y trabajadores de la Subsecretaría de Capital Humano provincial.
El cambio de ministerio para la subsecretaría, que pasó de estar bajo la órbita del Ministrio de Economía a la Jefatura de Gabinete, generó la disminución del salario para su personal por la modificación de varios ítems en la liquidación salarial. Alrededor de 400 trabajadoras y trabajadores se ven afectados.
El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) es un organismo encargado de la formación y capacitación de los agentes públicos provinciales y municipales desde hace más de 25 años. Según denuncian desde la asamblea de ese sector, en los últimos dos años se produjeron al menos cuatro cambios de estructura que derivaron en problemas para el personal, desde reducciones salariales hasta complicaciones logísticas básicas.
En un comunicado de prensa difundido esta semana (que se adjunta al final de esta nota), las trabajadores y trabajadores del IPAP denuncian que han visto reducido su salario “entre un 30 y 50 %, al pasar del Ministerio de Economía a Jefatura de Gabinete de Ministros. Este recorte salarial comenzó a partir de diciembre del 2017 y perjudica a los 400 trabajadores de la Subsecretaría de Capital Humano que pasamos a formar parte de la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros, amparado en la reforma de la ley de Ministerios, impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal”, manifestaron.
A su vez informaron que “el personal contratado del Instituto no percibe su salario desde diciembre 2017”.
Según comunicaron desde el IPAP, el Subsecretario Daniel Jorge Maggi “dio su palabra” de que el salario “no se vería afectado”. Sin embargo no hubo ninguna respuesta favorable. Por eso, los trabajadores organizados en asamblea definieron “distintas medidas a tomar, esperando siempre una resolución positiva”.
“Pasaron tres meses y sólo recibimos respuestas ambiguas, que dilatan los tiempos mientras que continúan las exigencias para cumplir con la tarea diaria”, dicen desde la asamblea del IPAP. Y recuerdan que su reclamo es legítimo y “no se trata de un problema técnico sino de decisión política de nuestro nuevo ministro Federico Salvai”.
