Bahía Blanca. Violencia de género: Ricardo Pera de la UTA ¿con protección en ambos lados de la grieta?

Ricardo Pera, ex concejal del Frente Renovador, fue denunciado a fines de 2019 por su ex pareja Laura Trespando por violencia de género, lesiones agravadas y amenazas constantes.

Luego de hacer pública su denuncia fue despedida por el gobierno municipal, en un claro mensaje de protección política hacia quien fuera un aliado clave en el Concejo Deliberante si de garantizar las ganancias de las empresas se trata. Laura se desempeñaba como administrativa en Bahía Transporte SAPEM y fue despedida por Tomás Marisco, secretario privado del intendente Héctor Gay de Cambiemos.

Laura Trespando no solo recibió violencia física y psicológica sino que debe soportar que la justicia siga sometiéndola, tardando años en resolver su causa. Por su parte Ricardo Pera no solo cuenta con la venia del gobierno municipal sino que también recibe el asesoramiento legal del abogado Sebastián Martínez referenciado políticamente en el peronismo local de Miguel Agüero y Federico Susbielles.

Como te contamos en esta nota, Sebastían Martínez es un defensor público de las gestiones de Carlos Bevilacqua en Villarino y de Axel Kicillof en la provincia y desde el año pasado interviene en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro asesorando a uno de los policías investigados, Alberto González, quien fue el último policía en ver con vida a Facundo.

Fernanda Petersen, abogada de Laura Trespando, nos cuenta que la causa se encuentra en una especie de limbo dado que si bien “el fiscal que lleva adelante la investigación, el doctor Juan Pablo Smith pidió la elevación a juicio de la causa, el abogado de Pera, Sebastián Martínez se opuso planteando nulidades. La fiscalía se opone a esas nulidades y por lo tanto el caso vuelve al Juzgado de Garantías en el mes de julio, sin que se resuelva al día de la fecha, si se eleva a juicio o no”.

La abogada estima que el pedido de nulidades que realiza Martínez tiene la clara intención de retrasar la situación procesal toda vez que Pera posee una condena previa por violencia en el marco de los incidentes ocurridos en el Concejo Deliberante (2015), razón por la cual una nueva condena agravaría su situación dado que podría llegar a ser de cumplimiento efectivo.

Mediante diferentes pretextos, Pera viene ausentándose a todas las citaciones a indagatorias con certificados médicos que aducen problemas de salud mental, aunque se fue acreditando que no eran tales, sumado a que nunca se presentó a las pericias oficiales que desde la fiscalía se fueron fijando para demostrar esta situación.

Sin dudas la protección que recibe Pera desde el poder político deja en evidencia una vez más que la grieta puede cerrarse ocasionalmente si se trata de garantizar la impunidad a un dirigente sindical aliado de todos los gobiernos.

Lamentablemente las denuncias por violencia de género crecieron exponencialmente con la pandemia, solo en la provincia de Buenos Aires durante el 2020 84.150 mujeres iniciaron procesos penales por violencia, según consta en el informe de procesos penales de violencia familiar y género del Ministerio Público de la PBA.

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Mientras los casos de femicidios siguen cobrándose la vida de una mujer cada 23 horas, es urgente volver a ganar las calles para exigir un plan de emergencia nacional contra la violencia de género que priorice la creación inmediata de refugios transitorios y un plan de viviendas, junto con un régimen de subsidios a las víctimas que contemple el costo de la canasta básica familiar en base a impuestos progresivos a las grandes fortunas del Puerto y el Polo Petroquímico.

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