Así lo manifestó una trabajadora quien aseguró que fue revictimizada luego de denunciar abuso por parte de un directivo y que no se cumple los protocolos del Consejo de la Mujer. Nos tocan a una, nos organizamos todas.
Jueves 7 de enero de 2021 13:13
Durante el 2020 Jujuy fue epicentro de importantes movilizaciones contra la violencia de género obligando al Gobierno provincial, legislatura y concejos deliberantes a sancionar leyes que den algún tipo de respuesta al flagelo que viven las mujeres en distintos ámbitos, entre ellos el laboral.
A pesar de que existe en la provincia la Ley de Emergencia contra la violencia de género que establece medidas en los lugares de trabajo, un protocolo de actuación en la administración pública provincial, y licencias, entre otras leyes vigentes, los abusos o situaciones de violencia en los ámbitos laborales no cesan, y los mecanismos de acompañamiento a las trabajadoras que se atreven a denunciarlos, porque persiste el miedo de perder el trabajo por la precariedad laboral, son totalmente irregulares, afectando a las víctimas.
En el caso de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, una trabajadora se atrevió a denunciar a fines del 2020 una situación de abuso por parte de un directivo, dando cuenta que no es el único caso, pero que ella se atrevía a hacerlo porque está en planta permanente. Si bien actualmente se le reconoció la licencia por violencia de género, fue trasladada provisoriamente de su sector, vive la revictimización por parte de funcionarios e incluso del intendente Raúl Jorge quienes le transmitieron en distintas oportunidades “que las cosas son así porque judicializó el hecho”.
Por otro lado, la trabajadora comentó que ha transitado el Concejo de la Mujer y la Secretaría de Paridad de Género en distintas oportunidades, y si bien en esta última le ofrecieron acompañamiento psicológico y realizaron un informe al municipio, hasta el día de la fecha la trabajadora no tiene conocimiento de qué protocolo se llevó adelante, y afirma que “a ella la sacaron de su lugar de trabajo para protegerla, pero quienes ejercen violencia continúan llevando adelante funciones sin ni siquiera un llamado de atención”. “También remarcó que en esa dirección hay antecedentes y denuncias de abuso sexual, e incluso un funcionario tiene una condena por caso de violación en el lugar de trabajo”.
La vuelta de la trabajadora en su sector luego de la licencia garantizando condiciones saludables de trabajo para ella y todas las trabajadoras, y que se avance en medidas contra los funcionarios como establece el mismo protocolo de actuación en casos de violencia de género en el ámbito de la administración pública provincial y municipal tiene que ser los pasos a seguir para generar un antecedente que sirva para todas las trabajadoras de la municipalidad de San Salvador de Jujuy y de otras dependencias.
Nos tocan a una, nos organizamos todas
¿Cuántas trabajadoras viven situaciones similares y callan ante la posibilidad de perder el trabajo, viviendo distintas situaciones de violencia por ser trabajadoras? No es el primer caso que se denuncia violencia de género en el municipio de San Salvador pero también en otros municipios.
Por eso, como decimos las mujeres organizadas, si tocan a una, nos organizamos miles, y la marea verde que ganó las calles en estos años tiene que resonar y fortalecer a las trabajadoras en cada lugar de trabajo. Poniendo en pie comisiones de género, fortaleciendo las secretarías de la mujer que existen en sindicatos como en el SEOM o en ATE, que sea un lugar de encuentro y de organización de las mujeres trabajadoras contra la violencia de género en los lugares de trabajo pero también contra la precarización laboral y los salarios de miseria. El caso de esta trabajadora tiene que ser un antecedente y punto de apoyo para que otras mujeres municipales que viven situaciones similares, vean la necesidad de no sólo compartir problemáticas sino de organizarse para decir Basta!.
Como sostenemos, el ajuste en curso tiene cara de mujer, porque sobre las mismas pesan las peores condiciones de trabajo, salarios que rondan los 3 mil pesos como lo denunció el mismo SEOM, que ni siquiera sirve para que mujeres y sus familias sobrevivan, y la precarización laboral que permite un montón de atropellos, incluso despidos como se ve en Pampa Blanca. Y a la misma vez, somos las trabajadoras las que estamos a la cabeza de las peleas y en las calles por nuestros derechos.
