El Ministerio Público Fiscal instruyó a las fiscalías a aplicar una condena que no solamente viola los derechos democráticos más elementales, sino que además potencia la propagación del virus.
Jueves 26 de marzo de 2020 14:41
Con el estado de emergencia decretado por Alberto Fernández y el mensaje presidencial del pasado jueves, se otorgó plena discrecionalidad a las fuerzas represivas para detener a quienes ellos consideren que están infringiendo la cuarentena.
En Tucumán el operativo "Nadie en las calles" tutelado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), ha dado rienda suelta a una policía que no duda en ingresar a los barrios más pobres directamente a los tiros, como se puede observar en numerosos videos que circulan por las redes sociales y que oportunamente hemos publicado.
Hasta la delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos ha radicado una denuncia por abuso y pedido de coimas en las comisarías N°4 de la capital, Banda del Río Salí, Lastenia y Yerba Buena.
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Ahora en un nuevo giro autoritario, el MPF informó que está instruyendo a todos los fiscales para que apliquen directamente apliquen la pena de realizar trabajos no remunerados en los hospitales, a quienes incumplan el Aislamiento Social Obligatorio.
Aunque se presente como una medida con fines "comunitarios", se trata de una violación a las garantías democráticas individuales más elementales ya que se le imputará esta condena sin garantías de debido proceso legal a cualquier persona que haya sido aprehendida por estar circulando en la vía pública. Y en este virtual estado de sitio, cualquier persona que haya salido a comprar el pan puede ser condenada sin ninguna otra prueba que el testimonio de la Policía.
Además, el "trabajo comunitario" no constituye una pena sino un "acuerdo conciliatorio" voluntario que suscribe la parte acusada, en el marco de un debido proceso. Al ser instruido a los fiscales para ser aplicado como pena alternativa se convierte en un trabajo forzado.
Por último, con esta condena se expone a las personas aprehendidas a concurrir a hospitales que carecen hasta de los insumos más elementales y son focos infecciosos, propiciando de esta manera la propagación del virus (algo que se supone que pretenden evitar).
En vez de seguir endureciendo las penas y los operativos policiales, el gobierno provincial debería garantizar la provisión de insumos básicos para la bioseguridad y el personal necesario con salarios dignos y condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Es decir, menos plata para operativos policiales por toda la provincia y más plata para salud.
