Actualidad política. Dicen que se redujo la pobreza… ¿será?

Esta semana el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) dio a conocer su último informe sobre la pobreza, en dónde analiza la situación del país entre el 2010 y el 2016. Según las cifras presentadas, el porcentaje de personas en situación de pobreza del país disminuyó en el 2016 a 43.6% comparado con el 46.1% del 2010 y el 45.5% del 2012.

Esto quiere decir que existen alrededor de 53.4 millones de pobres, una cifra en realidad mayor a los 52.8 millones que existían en el 2010 y a los 53.3 millones del 2012.

Otro dato interesante es que si bien la población en pobreza extrema disminuyó del 11.3% del 2010 al 7.6% en el 2016, en relación a las entidades federativas las cosas no lucen tan bien. En el periodo de 2014-2016 se incrementó la pobreza en algunos de los estados más pobres del país: Veracruz pasó del 58.0% al 62.2%, Oaxaca del 66.8% al 70.4%, Tabasco del 49.6% al 50.9% y Chiapas del 76.2% al 77.1%.
Hay algo que salta a la vista después de ver estas cifras. ¿Por qué si en general hay más pobres en el país puede afirmarse que el porcentaje de pobreza baja? Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Coneval, señaló que esto se debe al crecimiento demográfico. Fácil: mientras que la pobreza decaía, la población aumentaba. Esto nos hace preguntarnos acerca de los criterios utilizados en este tipo de estudios.

La pobreza más allá de la estadística

Establecer un criterio para la medición de la pobreza ha sido siempre un motivo de polémica para las ciencias sociales encargadas de ello y para los Estados. Y esto por una sencilla razón: lo que se mide aquí no es un fenómeno de la naturaleza del cual se pueda establecer una ley. Cuando hablamos de pobreza hablamos siempre de determinaciones cualitativas históricamente determinadas, de “magnitudes sociales” diría Marx.

Según el Conveal, su estudio no sólo toma en cuenta el ingreso por hogar, sino “las carencias sociales en materia de educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, y el grado de cohesión social”, sin embargo establece un umbral determinado para poder determinar estadísticamente qué debe ser considerado como pobreza. A saber, una línea de bienestar mínimo (correspondiente a la canasta alimentaria) y una de bienestar (que incluye la canasta más transporte público y algunos gastos “extra”).
Por ejemplo, una canasta alimentaria mínima urbana en julio de 2017 equivale para el Coneval a $1446.51 pesos por persona al mes, mientras que una de bienestar equivaldría a $2857.65. En ella, considera $237 pesos de transporte público, $279.49 para recreación y para artículos de esparcimiento sólo $5.48 pesos.

Aunque esta línea nos parezca muy estrecha (un trabajador de la Ciudad de México con la posibilidad de utilizar el Metro para ir a trabajar 6 veces por semana —$10 al día— gastaría más de $240 pesos al mes en transporte público), el mismo estudio del Coneval señala que el 50.6% de la población no pudo alcanzar los $11,291 pesos que constituirían la línea de bienestar para un hogar de 4 personas.
A pesar de que la línea del Coneval, como lo señalan ellos mismos, constituye un criterio “más exigente y alto” comparado con las recomendaciones internacionales que oscilan entre los $9,172 pesos (CEPAL) y los $4,323 pesos (Banco Mundial), no cabe duda de que es una cifra que no permite garantizar una vida digna.

En el país de los Slim, los Azcárraga, los Larrea, los Baillères y Aramburuzabala (porque sí, los explotadores tienen nombre y apellido), los ingresos de los hogares más ricos son 20.6 veces mayores a los de las familias más pobres. Mientras millones de personas no tienen ni lo mínimo para llegar a fin de mes, los políticos del régimen celebran una “disminución” de la pobreza y un “éxito” de las políticas públicas. Aplaudamos.