El grito de Ni Una Menos desnudó una vez más la responsabilidad del Estado y sus Instituciones. La creación de Ministerios y Direcciones de Género, la sanción de nuevas leyes, reabre una reflexión y un debate acerca del rol que juegan.
Martes 3 de noviembre de 2020 19:42
El femicidio de Paola Tacacho el pasado viernes en pleno centro de la ciudad de Tucumán fue el horrible desenlace de más de 5 años de golpear puertas del Estado y no obtener ninguna respuesta. Hace unas horas en Tucumán, nos encontrábamos nuevamente en las calles exigiendo justicia por Paola Tacacho. Fue una de las movilizaciones más grandes en la provincia, desde el inicio de la pandemia. El grito de ¡Ni Una Menos! expresaba una vez más la responsabilidad del Estado, las múltiples denuncias realizadas en la Justicia y la impunidad de los poderosos.
5 años transcurrieron desde que Paola se cruzó por primera vez con el acosador, Mauricio Parada Parejas. 13 denuncias realizó en ese periodo de tiempo. En 2016 Paola presentó 3 denuncias, dos en junio, porque el acosador tenía una orden de restricción de acercamiento dictada en mayo, y no la cumplía. El juez Francisco Pisa fue quien dictó el sobreseimiento por considerar que no había pruebas suficientes y que continuar con el proceso implicaría un “dispendio jurisdiccional innecesario”. En 2018 lo denuncio cinco veces, en marzo, mayo y julio. La primera denuncia por amenaza fue enviada a archivo por “no contar con espacio físico” por el auxiliar José Fernando Isa, a cargo de la Unidad Especial para la Resolución de causas del Ministerio Público Fiscal.
Cinco meses atrás, se aprobó en la provincia la adhesión a la Ley Micaela. Su aplicación está a cargo de los tres poderes de la provincia, es decir, el órgano de implementación se encuentra a potestad de lo que cada poder decida. A estas alturas, la pregunta es ¿qué tipo de implementación ejecutan los tres poderes del Estado?
La periodista Mariana Romero, denunciaba en un programa local, que tuvo acceso a mensajes de audio, en donde la misma Paola relataba que cada vez que realizaba una denuncia, la situación empeoraba, porque al notificar a Parada Parejas, él tenía acceso a datos específicos, como números de teléfono, dirección, e mail, datos que le solicitaban en la fiscalía. Fue una Psicóloga del Poder Judicial, quien advirtió sobre este “detalle” y empezó a borrar esta información.
La familia de Paola señaló a los familiares de Parada Parejas como factor de influencia sobre la Justicia. Se conoció la vinculación de un hermano del femicida con el Gobierno de Juan Manzur. Se trata de Ronald Parada Parejas, un importante empresario de la provincia denunciado reiteradas veces por fraudes millonarios. A esta complicidad y encubrimiento del régimen político tucumano ya la conocemos. Alperovich, Bussi, son solo algunos personajes nefastos que fueron denunciados y hasta la fecha las denuncias quedaron en completa impunidad.
En Tucumán, en lo que va del año, sucedieron 14 femicidios, la violencia de género aumentó, desde el inicio de la pandemia, un 60%. En esta provincia, a la violencia hacia las mujeres, se le responde desde el Estado con el desmantelamiento sistemático de los servicios de asistencia en violencia de género, o atacando cada derecho y declarando a Tucumán provincia Pro Vida. Parece una perversa provocación, sí lo es.
El gobernador Manzur, forma parte del Frente de Todos. Uno de los discursos que intentó integrar el Gobierno de Alberto Fernández desde su asunción, fue el feminismo y algunas demandas del movimiento de mujeres de Argentina, en particular. Esto se vió en la conformación de un ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, encabezado por Elizabeth Gomez Alcorta. Conformar un Ministerio, es una de las formas de dirigirse al movimiento de mujeres con el objetivo de institucionalizar sus demandas. Pero, ante el aumento de la violencia de género, sobre todo en este último periodo, cabe preguntarnos, ¿qué rol juegan las funcionarias de esos ministerios?.
Los Ministerios y Direcciones de Género no llevaron adelante ninguna medida concreta y material durante todos estos meses, para frenar la escalada de femicidios ni mucho menos para atender ninguna desigualdad a las que nos vemos afectadas, las condiciones de vida de las mujeres, empeoraron desde el inicio de la cuarentena obligatoria.
Más allá de la retórica, entre leyes y más leyes, la ley de Emergencia en Violencia contra las Mujeres no tuvo hasta la fecha implementación real ni presupuesto alguno destinado en la provincia. Por otro lado, queda claro que la justicia no será quien resuelva la violencia ejercida contra la vida de las mujeres en esta sociedad. Las instituciones del Estado, el feminismo de Ministerios, se encuentran muy cerca del gobierno, pero lejos de la mayoría de las mujeres.
