Lucrecia Wagner es investigadora de Conicet, trabaja en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) del centro científico tecnológico de Mendoza. Es licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental y doctora en Ciencias Sociales. Se especializa en investigar los conflictos socioambientales, principalmente relacionados al avance de la minería a gran escala. Precisamente su tesis doctoral fue sobre los conflictos por la potencial instalación de proyectos de megaminería en Mendoza.
Los acontecimientos de los últimos días alcanzaron una trascendencia nacional, dejando en evidencia el pacto entre la gestión del gobernador radical Rodolfo Suárez y del Frente de Todos-PJ mendocino para favorecer a las multinacionales extractivistas y contaminantes. Wagner lleva años analizando la situación mendocina. En esta charla con La Izquierda Diario habla de lo que pasa, de por qué pasa y de lo que puede pasar.
¿Qué opinás de esta reforma de la Ley 7722 consumada en la Legislatura mendocina?
Creo que fue una reforma a espaldas de la población. Se vio claramente con el vallado que desde el jueves a la tarde pusieron alrededor de la Legislatura. Creo que los argumentos que esgrimen los legisladores que votaron a favor no son reales. ¿Por ejemplo?
Que a ellos les preocupan los controles y que la minería se desarrolle de una manera que no afecte el medioambiente y, especialmente, el recurso hídrico. Creo que ese es solo un discurso, pero en la práctica no han demostrado que ese interés sea real. Si así fuera, deberían haber consultado a especialistas en el tema. ¿El instituto al que pertenecés no fue consultado?
No. Y el nuestro es uno de los institutos especializados en temas de glaciares y de nivología. Tampoco se consultó a otros institutos, por ejemplo de la Universidad Nacional de Cuyo, de la UTN o de otras universidades; a sectores de la economía mendocina, como productores que se han manifestado en oposición; a los pescadores, hay asociaciones de pesca con mosca también opuestos. Y no se consultó a la población, que hace muchos años viene rechazando la minería a gran escala y que fue la que impulsó la sanción de la Ley 7722. Incluso se la reprime a esa misma población
No solo no consultaron sino que eso se combina con una mayor represión de la protesta social en la provincia. El lunes se vio claramente que el Gobierno no está dispuesto a escuchar. Entonces realmente pienso que la reforma fue una decisión tomada y que, a diferencia de lo que los legisladores quieren hacer creer, ha sido totalmente inconsulta y apurada para sacarla antes de fin de año. ¿Cuáles son los alcances que tiene esta reforma en términos de ataque al medioambiente?
Con esta reforma le quitaron a la 7722 los artículos más importantes para garantizar la protección del ambiente, especialmente del recurso hídrico, y también la garantía de la pluralidad de voces en la evaluación de los proyectos mineros. Quitaron el artículo que prohibía el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares. Solo queda explícita la prohibición del mercurio, algo innecesario porque ya está prohibido por otras legislaciones y hace tiempo que no se usa. Es una modificación esencial en la regulación de la actividad
La quita de ese artículo es muy importante porque no solo prohibía tener explotaciones que usaran ácido sulfúrico, cianuro y mercurio en Mendoza, sino también permitía que en caso de que algún proyecto minero propusiera otra sustancia química se abría una evaluación específica sobre la toxicidad de esa sustancia. Eso pasó con el Proyecto San Jorge que quería instalarse en Uspallata, que fue modificado por (la minera canadiense) Coro Mining para usar xantato en lugar de ácido sulfúrico. En la evaluación se estudió si el xantato tenía una toxicidad peligrosa, similar a la del ácido sulfúrico o el cianuro. Bueno, ahora esa evaluación detallada sobre la toxicidad de las sustancias químicas utilizadas ya no está especificada. Otra modificación importante es que se le da más poder al Gobierno en detrimento de la Legislatura
Claro, con esta reforma también se quitó un paso clave: la aprobación de la declaración de impacto ambiental, que es el permiso que da el Ejecutivo, por vía de la Legislatura. Es bastante paradójico que los propios legisladores decidan ahora dejar de tener esa toma de decisiones. En el único proyecto donde esto pasó fue en el de San Jorge, que precisamente fue rechazado por la Legislatura. Esa instancia habilitó que muchos actores de la sociedad mendocina pudieran dar sus voces y, al ser un proyecto muy cuestionado por diversos sectores, los legisladores no lo aprobaron. Eso, obviamente, para el sector minero fue muy negativo. Por eso esta modificación le quita ese paso por la legislatura al permiso ambiental. Respecto al agua, ¿qué otros aspectos de la reforma son críticos?
Como no se consultó a especialistas, no se consideraron aspectos que son imprescindibles para proteger el recurso hídrico de Mendoza. Por ejemplo, desde el Ianigla les planteamos a los legisladores que era muy importante incluir la protección de la nieve, especialmente de los sitios donde se acumula. Porque los ríos mendocinos dependen de los glaciares pero, principalmente, de la acumulación de nieve. Estudios nuestros muestran que los glaciares actúan como la última reserva cuando no se ha acumulado suficiente nieve en el año. La nieve cumple un rol fundamental de alimentar el caudal de los ríos y eso no se tuvo en cuenta para esta reforma. Los legisladores mienten cuando quieren hacernos creer que esta reforma fue pensada para proteger el recurso hídrico. ¿Qué plantea entonces la reforma en términos de “controles ambientales”?
Han hecho un articulado muy denso en términos de controles ambientales. Pero no está claro cómo se van a desarrollar ni con qué presupuesto real van a contar para poner toda esa maquinaria de controles a funcionar. A su vez, no está claro cómo ese nuevo articulado se va a combinar con la legislación ambiental ya existente. Creo que ni los legisladores lo saben. Y encima en el caso de instituciones como Ianigla, que fueron incluidas como organismos dictaminadores, ni siquiera han tenido el respeto de consultarles para ser incluidas. ¿Por qué creés que se hizo esta reforma aún cuando la sociedad y sus asambleas y organizaciones ambientalistas levantaron la voz?
Desde que la Ley 7722 fue sancionada el sector empresarial minero, en connivencia con sectores del Gobierno, han querido derogarla, modificarla, vetarla con diversas estrategias. Primero demandaron su inconstitucionalidad y en 2015 la Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó la constitucionalidad. De ahí en más buscaron modificar la ley, pero con modificaciones que le quitan sus artículos más importantes en materia de protección ambiental. Evidentemente (Rodolfo) Suárez asumió con esta promesa hacia el sector minero. Y para eso contó además con el apoyo de la oposición peronista
Es que esto se combina con una avanzada a nivel nacional para desarrollar la minería. Lo quiso hacer el Gobierno anterior y el Gobierno actual claramente lo ha decidido en estas últimas semanas. Lo que está sucediendo en Mendoza no es una situación excepcional. También está sucediendo en Chubut. Y no hay que dejar de decir que Chubut y Mendoza son dos de las provincias donde la resistencia a la megaminería ha sido más organizada, más fuerte, con mayor continuidad en el tiempo. Quitar estas leyes es un duro golpe para toda la resistencia a la minería a nivel nacional. Y además de reformar las leyes, reprimen a quienes protestan
En Mendoza se ve claramente a un Gobierno que ha ido generando estrategias en materia de criminalización de la protesta social. Así lo hicieron con el nuevo Código Contravencional, que limita mucho las posibilidades de acción, y con la imputación de manifestantes bajo diferentes formas. En las manifestaciones de la semana pasada se imputó a gente y hasta se multó a personas por estacionar sus vehículos frente a la Legislatura. El Gobierno ha preparado toda una estrategia donde, por un lado, hay un avance del sector extractivo y, por el otro, hay un campo allanado con la represión de la protesta social. La de este lunes fue la mayor represión que se ha vivido en Mendoza por este tema, claramente una de sus expresiones más tremendas. Se te vio marchando junto a miles y miles de personas ests días. ¿Qué opinás de la movilización masiva que se generó?
Creo que es la nueva expresión de una lucha que viene de hace más de catorce años, cuando en Valle de Uco, específicamente en San Carlos, comenzaron las primeras manifestaciones contra la megaminería por un proyecto que se quería desarrollar en las cercanías de la Laguna del Diamante. El rechazo a la minería a gran escala, con uso de sustancias químicas potencialmente contaminantes, es un tema que como se vio en estos días articula a diferentes sectores sociales que quizás en otros temas tiene posiciones muy diversas. El rechazo a esta actividad, que se considera que pone en riesgo el agua de Mendoza en un momento de extrema escasez, de crisis climática, genera esta masiva movilización. Además hay una importante tradición de organizarse para luchar
Totalmente. Hubo una convocatoria por parte de las Asambleas por el Agua, que son los sujetos históricos que vienen movilizándose. Pero a ellas se sumaron también muchos sectores como agricultores, pescadores de mosca, viñateros. Y mucha población, docentes y estudiantes de escuelas, de institutos y universidades, del sector científico, familias. El cacerolazo de este lunes en el centro de Mendoza fue claramente una expresión de indignación ante la represión, toda la gente con mucha bronca. Yo escuché a muchas personas decir ‘esto es por el agua, pero trascendió el tema del agua, no podemos permitir que nos repriman así’. Se indignó mucho la gente con las imágenes. Yo misma vi pasar policías en moto a los tiros por pleno centro, en Mitre y Colón. Una situación inédita para la provincia y creo que es muy importante que la población reaccione y ponga un freno. Evidentemente el autoritarismo de este gobierno sólo se sostiene con la represión. ¿Qué perspectiva le ves a este conflicto?
Por un lado veo al gobernador dispuesto a seguir con esta avanzada de la megaminería. El lunes, después de la represión y de las movilizaciones, la ley igualmente fue promulgada y a la noche ya estaba en el Boletín Oficial. Es una clara provocación a la población. Lo que pase de ahora en más va a depender de la continuidad de las protestas. La gente está muy enojada e indignada con la forma en que se hizo la votación, con la represión, con el vallado de la Legislatura. Todo eso evidenció la forma de imponer las decisiones del Gobierno. También dependerá de las pujas entre Nación y provincia, que son de colores políticos diferentes. El peronismo votó la reforma junto a Suárez pero ahora hay dirigentes que parece que buscaran despegarse
Hay que ver si el discurso que están llevando adelante algunos integrantes del PJ mendocino pasa a la acción concreta o simplemente están intentando despegarse de la decisión que tomaron al apoyar esta avanzada prominera. También esto va a depender de las discusiones que se den a nivel nacional. El presidente manifiesta que no sabe muy bien qué es lo que está pasando en Mendoza. A su vez el ministro de Ambiente plantea que es la provincia la que tiene que decidir. ¿Y a nivel social qué creés que va a pasar?
Si esto continúa, se va a trasladar la conflictividad a los territorios. Como se dijo en San Carlos en estos días, una cuestión es reformar una ley que había sido producto de una gran movilización social y está muy legitimada socialmente; y otra cosa será cuando aparezcan los proyectos mineros y se sepa en qué territorio se van a desarrollar. Van a ser esos territorios los que van a tener conflicto, donde la población se va a manifestar de forma contundente. Están trasladando el conflicto a las escalas departamentales y eso también tiene un costo social, un estrés para las poblaciones una vez más. De la fuerza de todas las acciones que se están llevando adelante dependerá cómo será el conflicto en las próximas semanas y en los próximos meses. ¿Qué creés que significa de fondo la reforma de la 7722?
No es solo la modificación de una ley. Es un ataque a la institucionalidad ambiental de la provincia de Mendoza, que fue históricamente construida y socialmente legitimada. La ley 7722 es fruto de esa trayectoria en materia ambiental. Por sus bases y sus fundamentos, es una ley respetada y muy bien evaluada a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, obligó a pensar en el concepto de “cuenca” a la hora de pensar en la evaluación de los impactos ambientales. También en introducir diferentes actores que puedan participar de la toma de decisiones. Se está avasallando una característica de la sociedad mendocina y seguramente la población va a defender esta historia. Si se juntan las voces de esa población con las de los sectores científicos, académicos y de técnicos del Estado, van a pagar un costo político muy alto tanto el gobierno de Suárez como los legisladores oficialistas y del PJ.
