Vuelve el discurso de la austeridad fiscal para los trabajadores y oculta un régimen impositivo que beneficia a los grandes empresarios de la provincia.
Martes 7 de enero de 2020
La suspensión de la actualización salarial de los trabajadores estatales de la provincia prevista para el mes de diciembre en el acuerdo paritario firmado con el gobierno de Manzur, aplicada de manera unilateral y anunciada durante los primeros días del año, fue acompañada de una serie de argumentos por parte del Poder Ejecutivo que apuntan a responsabilizar al gobierno anterior por la caída de los ingresos tributarios y el aumento de las erogaciones, lo que ocasionaría un "desequilibrio fiscal" que debería ser corregido con el "esfuerzo de todos".
Digamos de pasada que las políticas del gobierno de Macri fueron todas apoyadas por el gobierno provincial con la firma del Pacto Fiscal y el voto afirmativo de todos y cada uno de los presupuestos nacionales y la reducción de las partidas que ahora denuncian.
Pasada la campaña electoral, "austeridad" y "solidaridad" son el santo y seña de la nueva administración peronista que empezó su gestión metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados (y en nuestra provincia a los trabajadores estatales) para seguir beneficiando a los mismos de siempre.
Para intentar mostrar que el gobierno también se ajusta, anunciaron que también se congelaría por 180 días los aumentos en las dietas de los funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo. La legislatura provincial haría lo propio congelando las dietas por el mismo lapso de tiempo.
La dieta de los legisladores actualmente es de 131 mil pesos sin contar los adicionales como viáticos y los 15 sueldos de 50 mil pesos que disponen para "asesores" y/o empleados directos, que generalmente pasan a engrosar total o parcialmente sus propios ingresos. Son 750 mil pesos mensuales adicionales en recursos para cada legislador. Además existe un manejo discrecional de los subsidios sociales que hace imposible determinar cuánto dinero realmente circula por las manos de los legisladores.
Pero el congelamiento por 180 días de las siderales dietas de los funcionarios en realidad es parte de la torpe construcción de un relato que vuelve a poner en el centro del discurso a la austeridad fiscal, donde lo que se oculta es un esquema tributario que beneficia a los grandes empresarios de la provincia.
Recordemos que la suspensión de la clausula gatillo fue anunciada como una medida que permitiría ahorrar entre 800 y 850 millones de pesos al erario provincial. Esta cifra representa poco menos de la mitad de los recursos que anualmente reciben los empresarios del transporte en concepto de subsidios directos, a quienes no obstante se les autoriza la aplicación de tarifazos por encima de la inflación acumulada.
Los subsidios directos del Estado provincial son una de las formas que el gobierno tiene de beneficiar a los empresarios de la provincia. Las exensiones impositivas y regímenes de promoción constituyen otras vías.
Los productores de limón, azúcar, arándanos, frutillas, trigo, maíz y soja, entre otros, tienen un régimen de alícuota cero para el impuesto a los ingresos brutos que recauda la provincia. El costo fiscal de estas exenciones impositivas es difícil de establecer, pero podemos aproximarnos con algún ejemplo.
Hasta el 31 de diciembre de 2019 el citrus tenía alicuota cero para la venta de limón fresco, sea para el mercado interno o para la exportación. Este beneficio corre para el sector hace varios años y todo indica que nuevamente se prorrogará esta medida.
Con una alícuota hipotética del 5% sobre las ventas del sector y tomando los volúmenes de ventas de 2018 y valor FOB promedio en dólares, las empresas productoras de limón deberían haber desembolsado unos 700 millones de pesos de impuesto a los Ingresos Brutos. Casi lo mismo que le está sacando a los trabajadores estatales. Pero el gobierno decidió que el Estado provincial no aplicara la fórmula de la austeridad sobre este sector que vio aumentar exponencialmente sus ingresos en pesos tras la devaluación.
El impuesto inmobiliario rural que grava a los terratenientes también corre siempre muy por detrás de la inflación y con valuaciones fiscales irrisorias, beneficiando a las 62 explotaciones agropecuarias que concentran el 52% de las tierras cultivables de la provincia.
El equilibrio fiscal entre ingresos y gastos del Estado suele ser presentado cómo una fórmula que debe ser garantizada con el ajuste sobre los trabajadores del Estado, ya sea con la reducción de los salarios o con despidos. Pero en vez de reducir el gasto sobre la planilla salarial, el equilibrio fiscal se puede lograr aumentando los ingresos tributarios sobre los grandes empresarios y terratenientes.
Dificilmente un gobierno de funcionarios que además son importantes empresarios y terratenientes decida ir seriamente contra los intereses de la clase social que representa.
Con una administración nacional que pretende ir hacia un esquema de superávit fiscal para pagar a los acreedores de la deuda externa, la suspensión de la cláusula gatillo -que se suma al retraso sistemático en la liquidación de los salarios y el aguinaldo- anticipa nuevos golpes al salario. El único camino posible para enfrentarlo es romper la tregua que sostienen los sindicatos con el gobierno provincial con la movilización y la lucha de los trabajadores.
