Los empresarios deben los salarios de julio y el 50 % del aguinaldo que se habían comprometido a pagar el mes pasado. Funcionarios del oficialismo y la oposición admiten que no saben cuál es la estructura de costos del sector y que no hay control sobre el destino de los fondos.
Miércoles 12 de agosto de 2020 15:08
Mientras los empresarios vuelven a la carga suspendiendo el pago de los salarios julio a la totalidad de los choferes, desde la conducción de la UTA anunciaron que por el momento no llamarán al paro ni a una nueva movilización, sin embargo comunicaron que se realizarán asambleas informativas "para clarificarle la situación a cada compañero", entre las 9.30 y las 15.30 y de manera rotativa en las distintas lineas de colectivos.
"Estamos a la espera del subsidio nacional porque la recaudación ha caído estrepitosamente y los empresarios dicen que apenas llegan a cubrir los costos operativos para funcionar", aseguró César González, Secretario General de la UTA en Tucumán.
Los empresarios reclaman por la demora en la acreditación de los subsidios nacionales de mayo y junio, aseguran que la facturación del sector habría caído un 70% durante la pandemia y que se mantendría en el mismo piso a lo largo de todos los meses.
Mientras tanto, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte de Tucumán (AETAT), Jorge Berreta, admitió que todavía no pagaron el 50% del aguinaldo de junio, compromiso que habían asumido cuando se levantó el paro que realizaron los choferes el mes pasado a cambio de un adelanto de los subsidios que otorgó la provincia.
Más allá de las demoras del gobierno nacional en la transferencia de los recursos nacionales, lo cierto es que estas empresas recurren a la suspensión en los salarios cada vez que quieren poner sobre la mesa su propia agenda de reclamos. Ahora esperan que el Senado de la Nación trate un proyecto de ampliación presupuestaria para aumentar los subsidios hasta fin de año.
Lo más llamativo es que los funcionarios del oficialismo y la oposición abocados al tema en la Legislatura y el Concejo Deliberante, que todos los años convalidan la orden de Manzur de otorgar aumentos tarifarios y subsidios millonarios para estas empresas, admiten no tener ni idea de cuánto recaudan las empresas por la venta de pasajes, ni cuál es su verdadera estructura de costos.
Hace unos días, el legislador radical José Ascárate, intetgrante de la comisión de Servicios Públicos de la Legislatura aseguraba a La Gaceta que "Nosotros tenemos que estudiar seriamente los costos (...) Tuvimos que hacer una ley [en mayo de este año, NdR] para enterarnos por primera vez de cuánto es el costo de toda la planilla salarial. Nos enteramos que la planilla salarial total es menos que el subsidio nacional de 156 millones de pesos".
Ascárate se refiere a la Ley provincial que establecía el pago de los salarios de los choferes en forma directa y a través de un fideicomiso donde se depositarían los subsidios nacionales. Pero a poco de aprobarla, el gobierno se echó para atrás y modificó el artículo que ponía al Estado como agente de pago. Resultado: las empresas siguen suspendiendo el pago de los salarios hasta que el gobierno de Manzur saca la billetera y adelanta subsidios provinciales.
En el mes de mayo, el manzurista José Luis Coronel, presidente de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante de la capital, reconocía que "No sabemos lo que paga la Legislatura ni la municipalidad por el boleto estudiantil. Sin saber tampoco lo que recaudan diariamente con la venta de pasajes (...) A estos muchachos no los controla nadie. Nadie sabe qué hacen con los subsidios".
En aquella entrevista, Coronel aseguraba los empresarios "dicen que no tienen plata, que todo es pérdida y la verdad es que no les creemos. Es mentira que tengan un negocio que les de pérdidas y sigan apostando" y reconocía también que los aumentos de tarifas convalidados todos los años se realizaron sin ningún tipo de control sobre las empresas.
Los empresarios aseguran que su facturación cayó un 70% a pesar de que Tucumán se encuentra en fase 5 y, a excepción de la educación, la mayoría de las actividades funcionan normalmente. Y pueden decirlo sin presentar ninguna "prueba" porque son ellos quienes llevan el registro y control de la facturación a través de la tarjetas Ciudadana y Metropolitana, tarjetas controladas por empresas que pertenecen a los mismos dueños del transporte. Y porque, evidentemente, porque el gobierno provincial entrega recursos a libro cerrado.
Esta claro que el sistema de transporte privatizado no da para más. Pero el gobierno provincial promueve un cambio apuntando al "modelo salteño", que lejos de una estatización -como la presentan- es un modelo que favorece la concentración del negocio en pocas manos, los despidos, la precarización laboral y el fraude.
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Los choferes no pueden subordinar su reclamo a la agenda de los empresarios por más subsidios. La conducción de la UTA debe ponerse a la cabeza de un verdadero plan de lucha votado en asambleas resolutivas y con un programa independiente de la agenda de las patronales. Hay que exigir la apertura inmediata de los libros contables de estas empresas para ver a dónde va a parar los millones de pesos que reciben todos los meses por subsidios y facturación.
Para terminar con la extorsión de los empresarios es necesario avanzar hacia una verdadera estatización de todo el sistema de transporte público bajo control de trabajadores y usuarios, los únicos interesados en conquistar un servicio barato, eficiente y que garantice todos los derechos laborales.
