Mendoza. Sólo Barbeito reclama atención del aborto legal

En octubre del año pasado, la legisladora Noelia Barbeito denunció los ataques de grupos fundamentalistas durante la misma sesión parlamentaria, cuando presentó el proyecto de ley para que en Mendoza se implementara la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles.

Ocho meses después, cuando el Ministerio de Salud de la Nación ya actualizó dicha guía y le dio carácter de resolución oficial, según lo solicitado por la Corte Suprema en un fallo del 2012 –en el que señalaba que la judicialización de los abortos no punibles atenta contra los derechos de mujeres y niñas-, Barbeito volvió a insistir con este reclamo en la Legislatura mendocina.

El proyecto de Noelia Barbeito menciona, además, algo que hizo que sus detractores pusieran el grito en el cielo: que si bien la objeción de conciencia es válida, el sistema en su totalidad no puede declararse objetor. Esto significa, lisa y llanamente, que si un médico se niega a practicar un aborto legal, el sistema de salud tiene que garantizar esa práctica a la solicitante, por otro médico o en otro establecimiento.

"El protocolo de atención, después de tres años de que la Corte Suprema hiciera este reclamo al Poder Ejecutivo, tiene carácter de resolución nacional. Sin embargo, en Mendoza, el proyecto que presentamos el año pasado para que esta guía fuera de cumplimiento obligatorio, se encuentra trabado en comisiones", dice la legisladora del Frente de Izquierda, que viene de hacer una excelente elección como primera mujer candidata a la Gobernación, en la historia de la provincia.

La negación de derechos desde el púlpito

También señala quiénes son los responsables de que eso suceda: "Los dos partidos mayoritarios tradicionales, el PJ y la UCR, son un obstáculo para que se avance en un derecho tan elemental como éste. Es un verdadero escándalo que se siga actuando bajo la presión de la jerarquía eclesiástica, que no se cumpla siquiera con la ley de educación sexual, que sectores fundamentalistas como los del Verbo Encarnado actúen con vehemencia contra los más elementales derechos de las niñas y las mujeres. Más terrible aun cuando sabemos que en Mendoza, más del 15% de los nacimientos registrados anualmente, son de partos que tienen niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años."

A lo que señala Barbeito, puede agregarse, además, que en los departamentos del Valle de Uco y General Alvear, el índice de madres adolescentes es más alto que en el resto del territorio provincial, incluso el 30% de las que están embarazadas en ese grupo etario, ya tienen otro hijo. Mientras las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación señalan que, en Argentina, las consecuencias de los abortos clandestinos son la principal causa de muerte de mujeres gestantes, con un 17% de incidencia en el total; en Mendoza esa tasa asciende al 21%.

Sin embargo, las cifras no parecen preocupar tanto a la Iglesia mendocina como sí la publicación del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo, lo que llevó al arzobispado local a ordenar a todos sus sacerdotes que lo atacaran en los sermones dominicales.

A pesar del reclamo insistente del Frente de Izquierda en la Legislatura, Mendoza es una de las ocho provincias que, junto a Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Formosa, Corrientes, San Luis y San Juan, no aplica el protocolo aprobado nacionalmente. Sólo otras ocho provincias tienen protocolos acordes a la resolución del Ministerio de Salud de la Nación; y por último, son también ocho las que tienen sus propios protocolos, con restricciones y exigencias de requisitos que no serían compatibles con otras normas vigentes ni con lo que establece el fallo de la Corte Suprema.