Tucumán. Un debate necesario hacia el 8M: ¿es posible reformar los poderes del Estado?

El femicidio de Paola Tacacho en Tucumán, quien había realizado más de 13 denuncias ante el Poder Judicial local por la situación de acosos y violencia que sufría, motivó que en noviembre de 2020 desde el Colectivo Ni Una Menos Tucumán se presentase un pedido de juicio en contra del Juez de Instrucción Penal Juan Francisco Pisa, quien había firmado el sobreseimiento del femicida argumentando que se trataba de "un dispendio jurisdiccional innecesario". Dicho pedido terminó con la aceptación de la renuncia del magistrado por el gobernador Juan Manzur, evitando que el juicio político fuese tratado y garantizándole una jubilación de privilegio, beneficio propio de la casta a la que pertenece. Una provocación que fue respondida disparmente por quienes salimos a las calles a repudiar la impunidad que reina en la provincia.

Ya en enero del 2020, algo similar había ocurrido con el pedido de enjuiciamiento contra la fiscal Adriana Giannoni que habían presentado desde la Fundación Mujeres x Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir, luego de que judicializase al equipo médico que intervino en el caso Lucía, la niña de 11 años víctima de abuso sexual que había solicitado la ILE. Ese hecho tuvo al mismo protagonista y el mismo desenlace: Manzur otorgándole la renuncia a la fiscal, evitando así que rindiese cuentas por su accionar. En aquel momento fue Soledad Deza, referente de los sectores que reclamaban por el enjuiciamiento, quien sostuvo que había que “capitalizarlo como un triunfo” pese a asegurar que se trataba de una “renuncia negociada entre los poderes Ejecutivo y Legislativo”, justificando de esta manera la medida adoptada por un ferviente antiderechos como Manzur, con quien luego compartiría un espacio en la apertura de la sede del Partido Justicialista, donde también estuvo presente Marieta Urueña, del espacio Ni Una Menos y el sindicato de judiciales.

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Para quienes luchamos por conquistar todos los derechos de las mujeres resulta una clara contradicción que sabiendo lo escandalosa que es la justicia de la provincia y su régimen político, la salida que proponen sea la vía de la permanente judicialización de los casos de violencia y femicidios.

Los casos mencionados, que son sólo un botón de muestra de innumerables otros hechos de complicidad e impunidad estatal, evidencian que son los poderes del Estado los que legitiman la violencia de género y, por lo tanto, que no se trata de exabruptos de un gobernante antiderechos si no del orden sostenido por el conjunto de los partidos del régimen y sus instituciones.

Y de la policía, ¿quién nos cuida?

El femicidio de Úrsula ocurrido semanas atrás nuevamente salpicó a todos los poderes del Estado y evidenció la impotencia del mismo para dar respuesta ante la muerte de miles de mujeres. Es que no se trata de un caso patológico ni excepcional dentro de las fuerzas represivas si no de la realidad que ya no pueden esconder: uno de cada cinco femicidios es cometido por miembros de las fuerzas policiales y armadas.

Si la violencia de género es entonces una problemática social estructural ¿cómo puede la misma ser erradicada sin un cambio que justamente modifique los cimientos que la generan y sostienen?

No es posible pensar en conquistar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y disidencias confiando en que la salida vendrá de los propios poderes del Estado que no hacen más que avasallarlos de manera permanente.

Sobran las leyes que establecen preceptos y medidas destinadas a eliminar la violencia de género pero ha quedado demostrado que el patriarcado no se termina con una ley, como evidencia, sin ir más lejos, el alto nivel de trabajo “en negro” o precario en la provincia que tiene como principal protagonistas a las mujeres y sobre todo a la juventud; la alta tasa de embarazos adolescentes, la persecución a quienes se organizan para reclamar por sus derechos y el desprecio con el que el peronismo manzurista o jaldista trataron a las miles de jóvenes que exigen la aplicación efectiva de la ESI y la IVE en Tucumán.

Confiar en los procesos legales y tomarlos como bandera no nos dará la plena libertad para decidir sobre nuestros cuerpos pues ni siquiera pueden evitar que sigan engordando los números de femicidios.

¿Sin reforma judicial no hay Ni Una Menos?

La demanda enarbolada por diversos sectores del kirchnerismo a nivel nacional y provincial como respuesta a los crecientes femicidios en manos de las fuerzas represivas impone el debate: ¿es la salida a la violencia machista que hayan más juezas, paridad de género en el personal del Poder Judicial o más cursos de capacitación con perspectiva de género a policías y funcionarios?

La respuesta la da la propia realidad. Es que si es el propio Estado el que legitima y reproduce la violencia contra las mujeres: en ocasiones, de manera directa y brutal a través de los agentes de su brazo armado; en otras, más indirectamente, con jueces que emiten dictámenes plagados de prejuicios patriarcales que revictimizan a las mujeres asesinadas y violadas o que sirven de fundamentos para amparar a los culpables en la impunidad y justificar sus conductas; es entonces impotente confiar en que se terminará con la violencia de género reformando ese mismo Estado.

Los ministerios y programas que inventan los gobiernos son palabras vacías mientras el presupuesto se destina a pagar deudas usurarias como la del FMI. Las comisarías "de la mujer" y los cursos de Género a las fuerzas represivas del Estado son nada más que un barniz para decorar a las instituciones responsables del gatillo fácil y la represión contra quienes salen a luchar.

A esta altura resulta evidente ya que no se trata de un problema de género dentro de la Justicia sino de la clase social a la que representa y defiende. 

Casos como el de Pedicone, Bussi, entre otros demuestran que se trata de una justicia completamente integrada a los demás poderes del Estado, que la tan mentada alusión a la “imparcialidad” del Poder Judicial existe sólo para justificar su permanencia vitalicia en los cargos. Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos medidas elementales para atacar los privilegios de esa casta antidemocrática, exigiendo que jueces y fiscales sean electos por voto popular, que sean revocables, que se implementen los juicios por jurados en todas las provincias y para todas las causas, y que los jueces cobren lo mismo que el promedio de la clase trabajadora.

Las feministas socialistas de Pan y Rosas peleamos por cambiarlo todo de raíz, liquidando revolucionariamente este Estado capitalista que sostiene la explotación y la opresión, y que por eso reproduce y legitima también la violencia machista, como todo tipo de violencia. Para ello es necesario la organización y la movilización de cientos de miles para conquistar nuestros derechos y por eso este 8 de marzo gritaremos fuerte “¡El Estado es responsable!”

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