La resolución de la Nación de no firmar más convenios con ONGs para la construcción de viviendas causó un entredicho entre la madre de Marita Verón y el ex intendente de la capital tucumana.
Jueves 31 de marzo de 2016
Según lo que anunció el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, la decisión es eliminar la intermediación de las ONG en los planes de viviendas, por las sospechas de corrupción. Como ejemplo citó el caso de Milagros Salas y la Tupac Amaru en Jujuy. También se refirió al caso de la fundación María de Los Ángeles Verón que Susana Trimarco –madre de Marita Verón– encabeza en Tucumán.
Con respecto a este anuncio, Amaya adelantó que se mantendrá el esquema de trabajo de las cooperativas que se dedican a esas tareas sin dar mayores detalles, ni los alcances que tendrá esta medida.
Cruces entre Amaya y Trimarco
El cruce se produjo ante las declaraciones de Amaya sobre unas tierras del ejército (un sector del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Las Talitas) destinadas a construir viviendas para víctimas de trata.
"Los terrenos que el anterior Gobierno le había cedido en comodato a su Fundación, que eran del Ejército e iban a utilizarse para la construcción de viviendas, no pueden utilizarse con ese fin" puntualizó el ex intendente capitalino y explicó que "el Estado nacional no puede ceder tierras en comodato a una institución para construir casas, porque a quienes se les entregue esas viviendas no podrán contar con un título dominial y terminarán siendo ocupas legales".
También se refirió al desembolso de $ 5,6 millones que se otorgó a la organización que encabeza para financiar el proyecto de construcción de un jardín de infantes para hijos de madres en conflicto, sobre todo, víctimas del delito de trata en el predio del ex Hospital Militar (Italia y Viamonte). Según el secretario esa plata debería devolverse a la Nación ya que no hubo obras realizadas.
Desde la página de la fundación María de los Ángeles Verón, salió un comunicado a dichas declaraciones: ”El convenio que tenemos firmado con el ex Ministerio de Planificación Federal es para la puesta en valor y refuncionalización de una de las naves del ex hospital Militar de San Miguel de Tucumán, para crear allí el segundo jardín maternal ‘Los Ángeles de María’ que beneficiaría a 200 niños y niñas, hijos e hijas de víctimas del delito de trata, víctimas de violencia de género o madres Solteras”.
El comunicado también puntualiza que en una reunión que Trimarco mantuvo con Amaya el 20 de enero de 2016, el funcionario recibió una copia del acuerdo y la información de que la Fundación había recibido el primer desembolso y se le comunicó que no comenzarían con las obras, ni con la licitación o concurso de precios hasta que no le den el visto bueno desde la secretaria.
Las mujeres no pueden seguir esperando
Más allá de los tecnicismos sobre las titularidades de las tierras, lo que no plantea Amaya es la decisión de realizar un plan inmediato de construcción de viviendas para poder dar respuestas a las mujeres que sufren violencia, una demanda del movimiento de mujeres.
Desde el PTS-FIT, Nicolás del Caño y Myriam Bregman impulsaron en el Congreso de la Nación un Plan de Emergencia que contempla la construcción inmediata de refugios transitorios las mujeres que son víctimas de violencia y sus hijos. Un plan de viviendas para todas ellas, subsidios y una salida laboral garantizada; licencias en los lugares de trabajo y estudio sin pérdida de los salarios y la escolaridad.
Las mujeres víctimas de violencia o de la trata de personas no pueden esperar. La respuesta a estas problemáticas urgentes no puede estar supeditadas a organizaciones no gubernamentales y las relaciones políticas que se establezcan con los gobiernos de turno. Los Gobiernos tienen una responsabilidad política frente a esta situación pero solo buscan hacer demagogia con reclamos sentidos como el #NiUNaMenos. Ante esto es necesario un movimiento de mujeres independiente que gane las calles por estas y otras demandas.
